La Fiscalía General de la República (FGR) abrió carpeta de investigación por la explosión de un vehículo cargado con artefacto explosivo frente a la base de la Policía Comunitaria de Coahuayana, en la costa michoacana. El atentado, ocurrido este sábado alrededor de las 11:40 horas en la avenida Rayón y calle Ignacio Allende –a menos de 100 metros del Ayuntamiento–, dejó tres muertos (incluido el conductor) y al menos seis heridos, dos de los cuales fallecieron en un hospital local.
“La FGR inició una carpeta de investigación para dar con los responsables de estos hechos tan lamentables”, informó la dependencia federal, que enviará peritos especializados en explosivos para apoyar a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.
El ataque
El conductor detonó el vehículo al interior cuando se encontraba estacionado frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria. El cuerpo del operador quedó desmembrado por la explosión, mientras dos presuntos integrantes de la corporación murieron posteriormente en el hospital regional. Los seis heridos restantes reciben atención médica.
Elementos de Sedena, Semar, Guardia Nacional, SSPC y Policía Estatal reforzaron la seguridad en accesos y puntos estratégicos de la zona, manteniendo un despliegue activo para garantizar la tranquilidad de la población.
La Policía Comunitaria de Coahuayana opera desde hace una década bajo el mando de Héctor Zepeda Navarrete, “El Comandante Teto”, exautodefensa surgida en 2014 contra Los Caballeros Templarios. Aunque el Ayuntamiento perredista de Andrés Aguilar Mendoza (“Pay”) la reconoce como corporación municipal, el Gobierno de Michoacán no la avala por falta de exámenes de control y confianza.
La región es escenario de una intensa disputa con células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que buscan controlar rutas de tráfico de cocaína desde Sudamérica por el litoral michoacano. Este atentado se suma a una escalada de violencia en la costa, donde grupos criminales disputan plazas clave para el narcotráfico.
La FGR asumió competencia federal por el uso de explosivos, un delito del fuero común que atrae jurisdicción cuando involucra artefactos de alto poder. Peritos balísticos y en materia de explosivos ya trabajan en el sitio para determinar la naturaleza del dispositivo y posibles responsables.
Autoridades estatales y federales mantienen el operativo conjunto. La FGE confirmó el saldo fatal y llamó a la población a reportar cualquier actividad sospechosa. Coahuayana, municipio de apenas 15 mil habitantes, vive horas de tensión tras este ataque directo contra una corporación comunitaria que ha resistido al crimen organizado. La investigación avanza para evitar más hechos de violencia.
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