La sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) programada para aprobar el presupuesto destinado a la elección del Poder Judicial de la Federación en 2025 se retrasó, sin consenso entre los consejeros electorales hasta el cierre de esta edición. Este proceso, previsto para el 1 de junio de 2025, incluye la elección de 881 cargos de ministros, magistrados y jueces.
Ajustes presupuestales en medio de tensiones
El INE propuso destinar 6,329 millones de pesos para la organización de la elección, una cifra que supera en 197 millones la presentada la semana anterior, pero es 52% menor al presupuesto originalmente solicitado a la Cámara de Diputados, de 13,205 millones de pesos.
La Comisión Temporal de Presupuesto del INE realizó ajustes ante el recorte aplicado por la Cámara Baja. El Presupuesto Base de Operación (PBO) quedó en 12,325 millones de pesos, lo que representa una reducción del 6.8% respecto de lo solicitado inicialmente. Además, la Cartera Institucional de Proyectos (CIP) se redujo un 51.4%, quedando en 990 millones de pesos.
Un rubro que permanece sin cambios es el de Prerrogativas para Partidos Políticos (PPP), con un monto de 7,354 millones de pesos.
En total, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 27,000 millones de pesos para el INE en 2024, una cifra 33.29% menor que los 40,476 millones solicitados por el instituto.
Opiniones divididas: ¿Es suficiente el presupuesto?
Marco Antonio Baños Martínez, exconsejero del INE
En entrevista, Baños calificó el presupuesto proyectado como “insuficiente”, pero descartó que la elección esté en riesgo. Según él, el INE garantizará la realización del proceso, aunque podría comprometerse la calidad de la elección.
«Si los niveles de calidad estaban fijados con un costo de 13,000 millones de pesos, es complicado garantizar lo mismo con menos de la mitad de ese presupuesto», señaló.
Baños instó al INE a detallar qué elementos del proceso se ajustarán o eliminarán debido al presupuesto reducido.
Costos operativos elevados y desafíos logísticos
Héctor Díaz-Santana Castaños, exfiscal de la Fepade
Díaz-Santana subrayó los altos costos de los procesos electorales en México, derivados de los mecanismos de control para garantizar la certeza del votante. Desde el papel y la tinta especiales para las boletas hasta los estrictos controles de impresión, estos elementos hacen que las elecciones mexicanas sean significativamente más costosas que en otros países.
Advirtió que, con menos recursos, podrían reducirse los lugares de votación, obligando a los ciudadanos a trasladarse a puntos más distantes, lo que podría desincentivar la participación. Comparó esta posible situación con el bajo interés generado por la consulta popular o el referendo revocatorio realizados en años anteriores.
Implicaciones políticas y organizativas
Díaz-Santana planteó dudas sobre el alcance de la elección judicial:
- ¿Será una elección con estándares constitucionales o un proceso más limitado que no despierte el interés ciudadano?
- ¿Participarán organismos internacionales en la supervisión del proceso?
- ¿Qué papel jugarán los partidos políticos?
El experto enfatizó la importancia del proceso, considerando que se trata de la elección de uno de los tres poderes del Estado, fundamentales para el funcionamiento de las políticas públicas.
La elección judicial, un proceso inevitable
Ambos especialistas coinciden en que la elección del Poder Judicial sí se llevará a cabo, ya que suspenderla tendría un costo político y operativo que el INE no está dispuesto a asumir.
«Los trabajos ya están muy avanzados. No realizarla no es una opción viable», concluyó Díaz-Santana.
El panorama sigue marcado por tensiones entre los actores políticos y presupuestales, con el desafío de garantizar un proceso que cumpla con las expectativas democráticas a pesar de las limitaciones financieras.
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