La Fiscalía General de la República detuvo al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, en cumplimiento de una orden de aprehensión federal por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La captura, realizada en territorio chihuahuense, responde a una investigación que lo señala por montar un esquema financiero para ocultar dinero desviado del erario estatal. Duarte fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, donde quedó a disposición del juez que lo requiere.
La detención surge tras años de procesos inconclusos, extradiciones y trámites diplomáticos que habían limitado la posibilidad de ejercer nuevas acciones penales en su contra. La resolución reciente del gobierno de EE. UU. abrió la puerta para proceder por delitos distintos a peculado y asociación delictuosa, lo que permitió avanzar en este nuevo expediente federal.
Años de procesos abiertos y un esquema financiero bajo revisión
De acuerdo con la FGR, el exmandatario priista habría participado en un entramado de lavado de dinero para ocultar recursos desviados de las arcas estatales mediante el uso del sistema financiero mexicano. La orden fue girada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, quien consideró que existían elementos suficientes para proceder. Esta carpeta de investigación se mantuvo en pausa debido a las restricciones de la extradición, ya que México sólo había solicitado a Estados Unidos entregarlo por peculado y asociación delictuosa.
El caso avanzó cuando, el 4 de octubre de 2024, el gobierno mexicano tramitó una autorización para procesarlo por delitos adicionales. Washington aprobó la solicitud el 4 de diciembre de 2025, eliminando el bloqueo legal que impedía ejecutar la orden del juez federal emitida desde mayo de 2024. La FGR señala que Duarte buscó encubrir el origen ilícito de los recursos utilizando mecanismos financieros que, según las pesquisas, estaban diseñados para ocultar flujo y destino del dinero.
La detención se convierte así en un nuevo capítulo dentro de un caso que ha marcado la política chihuahuense en los últimos años. Duarte fue arrestado inicialmente en Estados Unidos el 8 de julio de 2020, tras una orden de extradición promovida por el gobierno mexicano. Después, el 2 de junio de 2022, fue entregado a las autoridades nacionales para enfrentar cargos estatales de peculado y asociación delictuosa. Ese proceso continúa bajo responsabilidad de la Fiscalía de Chihuahua.
Un expediente que vuelve a moverse tras años de espera
Las autoridades federales afirman que el nuevo procedimiento permitirá ampliar la revisión de las operaciones financieras atribuidas al exgobernador. El señalamiento de lavado de dinero se vuelve crucial porque pueden rastrear redes de beneficiarios, empresas y transferencias que habrían servido para el desvío. Funcionarios involucrados en el caso sostienen que esta investigación federal podría revelar movimientos más amplios de recursos que habrían salido del erario mediante un patrón similar.
El traslado al Altiplano muestra que la FGR considera que existe riesgo procesal suficiente para enviarlo a un penal de máxima seguridad. El juez de la causa definirá en las próximas horas las medidas cautelares y el inicio formal de la audiencia. La defensa de Duarte ha argumentado en otras ocasiones que los procesos han sido politizados. Sin embargo, ahora enfrentarán un expediente con nuevos elementos y facultado legalmente tras la autorización estadounidense.
El caso anticipa tensiones políticas en Chihuahua, donde su nombre continúa polarizando posturas. Sectores críticos sostienen que aún falta esclarecer el destino de grandes sumas de dinero durante su administración, mientras otros ven una persecución que se prolonga excesivamente. El desarrollo del proceso federal definirá si las pruebas presentadas por la fiscalía son suficientes para avanzar hacia un juicio formal.
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