La Cámara de Senadores aprobó este martes, en lo general y en lo particular, la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que amplía los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Entre los nuevos crímenes incluidos están la extorsión, el tráfico de fentanilo y las actividades relacionadas con la falsificación de comprobantes fiscales, entre otros.
El dictamen recibió 94 votos a favor y 34 en contra en lo general, alcanzando la mayoría calificada requerida. Tras la discusión de reservas presentadas por distintos senadores, el proyecto fue aprobado en lo particular con 93 votos a favor y 35 en contra. Ahora será enviado a los congresos estatales para su análisis y eventual ratificación.
Un debate marcado por posturas contrapuestas
El debate en el Senado, que se prolongó por más de seis horas, reflejó profundas divisiones entre los partidos políticos.
- Postura a favor: Legisladores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) defendieron la reforma como una herramienta crucial para combatir delitos graves que afectan a la sociedad.
- Postura en contra: Miembros del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) señalaron que esta medida podría vulnerar derechos humanos, al aplicar castigos sin una sentencia previa.
Argumentos a favor de la reforma
Lucía Trasviña (Morena) defendió la reforma al señalar que delitos como la extorsión y el tráfico de drogas generan un impacto devastador en las comunidades. “Es una medida excepcional, sí, pero indispensable”, afirmó.
Andrea Chávez Treviño (Morena) recordó que gobernadores de diversas entidades, incluidas algunas de oposición, habían solicitado anteriormente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no eliminar esta figura jurídica.
Juanita Guerra Mena (PVEM) respaldó la medida, destacando que responde a una exigencia ciudadana de justicia, aunque insistió en que su implementación debe garantizar el respeto al debido proceso.
Críticas a la prisión preventiva oficiosa
Desde la oposición, se expusieron preocupaciones sobre los riesgos de esta política:
- Francisco Javier Ramírez Acuña (PAN) advirtió sobre el abuso de poder por parte de las fiscalías, que podrían usar la prisión preventiva para encarcelar a ciudadanos con acusaciones sin fundamento.
- Karla Guadalupe Toledo Zamora (PRI) señaló que la medida desvirtúa el principio de justicia, al castigar a personas sin una sentencia, y recordó que contradice las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- Clemente Castañeda (Movimiento Ciudadano) afirmó que la medida afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables, mencionando que 87 mil personas encarceladas en México no han recibido sentencia, lo que agrava la crisis penitenciaria.
Enfoque en delitos de alto impacto
La reforma prioriza delitos que generan un grave daño social y económico:
- Extorsión: En 2022, se registraron más de 10 mil casos, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), marcando un incremento preocupante.
- Tráfico de fentanilo: Considerado una crisis de salud pública global, esta droga es responsable de miles de muertes por sobredosis.
- Falsificación de comprobantes fiscales: Identificada como una actividad que afecta significativamente la economía del país.
Un debate internacional sobre Derechos Humanos
Con esta reforma, México se encuentra nuevamente en el centro del debate internacional sobre el uso de la prisión preventiva oficiosa. Mientras algunos la consideran una herramienta indispensable contra el crimen organizado, otros advierten que vulnera los derechos humanos y afecta desproporcionadamente a las personas más desfavorecidas. El desenlace en los congresos estatales será clave para determinar el impacto de esta controvertida medida en el panorama judicial y social del país.
También te puede interesar: El INE se prepara para un reto histórico: Recorte de presupuesto pondría en riesgo la elección judicial
