El secretario de Hacienda, Edgar Amador, lanzó una advertencia firme durante la 88.ª Convención Bancaria: el llamado ‘huachicol fiscal’ es inaceptable y debe combatirse con inteligencia, coordinación interinstitucional y, si es necesario, sanciones penales. Para Amador, permitir estas prácticas representa una injusticia para millones de mexicanos que sí cumplen con sus obligaciones fiscales.
El funcionario explicó que este fenómeno abarca varias dependencias públicas y requiere una estrategia nacional bien articulada. “Es indispensable un férreo control y una red de inteligencia de datos que permita detectar a tiempo a quienes participan en estos esquemas de evasión”, puntualizó. Afirmó que la evasión fiscal por medio del contrabando de combustibles no puede seguir normalizándose.
El término ‘huachicol fiscal’ hace referencia a la importación y comercialización de combustibles sin el debido pago de impuestos. Según cifras oficiales, esta modalidad ilícita genera pérdidas superiores a los 70 mil millones de pesos anuales para el fisco. Aunque ya se han implementado acciones, el titular de Hacienda admitió que los esfuerzos deben intensificarse.
En su informe más reciente ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció que durante 2024 se le robaron en promedio 17 mil barriles diarios de combustibles, un aumento del 10.4 por ciento respecto al año anterior. Si bien parte de estas cifras corresponde a tomas clandestinas, el grueso proviene del contrabando legalizado por esquemas de evasión.
Combustible ilegal: un negocio multimillonario con graves consecuencias fiscales
La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (ONEXPO) estima que al menos 338 mil barriles diarios —más del 26 por ciento de las ventas nacionales— provienen de mercados ilegales. De esta cifra, aproximadamente 300 mil barriles al día corresponden exclusivamente al ‘huachicol fiscal’, mientras que el resto se origina en tomas clandestinas o tráfico directo.
A ello se suma la preocupación del gobierno de EE. UU., que ha detectado grandes volúmenes de combustibles mexicanos etiquetados como productos de menor valor para evadir impuestos. Esta maniobra, junto con la falta de vigilancia efectiva, ha incrementado el problema a nivel fronterizo.
El SAT reconoció que tan solo en 2021 ingresaron al país cerca de 102 millones de barriles de manera ilegal, lo que equivalía a casi el 21 por ciento del consumo nacional total. Desde entonces, el fenómeno no ha hecho más que crecer. Hoy, además de dañar los ingresos públicos, este mercado paralelo distorsiona precios, complica la competencia legal y reduce los incentivos para una transición energética justa.
La Secretaría de Hacienda se enfrenta al doble reto de contener el déficit fiscal y recuperar lo perdido por estas actividades ilícitas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha instruido fortalecer las inspecciones aduaneras y modernizar los sistemas de monitoreo. Mientras tanto, Amador insiste en que los infractores no solo deben ser identificados, sino también sancionados con todo el peso de la ley.
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