Más de 20 expertos de Naciones Unidas exigieron este martes el desmantelamiento inmediato de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), una organización respaldada por Israel y Estados Unidos que, según denuncian, ha sido utilizada como fachada para operaciones militares encubiertas. La solicitud ocurre mientras crece la indignación internacional por la masacre de más de mil 560 civiles palestinos que buscaban ayuda humanitaria y fueron asesinados por disparos de soldados israelíes cerca de los centros de distribución de dicha ONG.
“La GHF, una ONG creada por Israel en febrero de 2025 con el apoyo de EE. UU. para supuestamente distribuir ayuda en Gaza, es un ejemplo absolutamente inquietante de cómo la ayuda humanitaria puede ser explotada para fines militares y geopolíticos encubiertos, violando gravemente el Derecho Internacional”, señala un comunicado conjunto.
El texto, firmado entre otros por la relatora especial para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, y el relator especial sobre el derecho al agua potable y el saneamiento, Pedro Arrojo-Agudo, alerta que “la implicación de la inteligencia israelí, contratistas estadounidenses y entidades no gubernamentales ambiguas subraya la urgente necesidad de una sólida supervisión y acción internacional bajo auspicios de Naciones Unidas”.
“Esta hipocresía manifiesta es alarmante”
Los expertos reprochan que la comunidad internacional permita que un Estado acusado de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad administre sin supervisión la ayuda para una población afectada por el mismo conflicto. “Esta hipocresía manifiesta es alarmante”, aseveraron.
También denunciaron que las fuerzas israelíes y contratistas extranjeros han disparado “indiscriminadamente” contra personas desesperadas por ayuda en los puntos de distribución operados por la GHF. Según los expertos, estos sitios son especialmente inaccesibles para personas vulnerables y, lejos de representar un alivio, se han convertido en trampas mortales.
“Calificarlo como ‘humanitario’ refuerza el camuflaje humanitario de Israel y es un insulto a la labor y los estándares humanitarios”, aseguraron los firmantes del comunicado, añadiendo que “bloquear o retrasar la ayuda no es solo inhumano, sino un crimen de guerra cuando su objetivo es matar de hambre a los civiles y en el contexto de un genocidio bien documentado y denunciado mundialmente”.
Así, consideraron que “ver a niños morir de hambre en los brazos de sus padres debería sacarnos de nuestra complacencia”.
Responsabilidades legales y exigencias internacionales
Los expertos enfatizaron que garantizar el acceso a alimentos, agua, medicinas y servicios básicos no es una cuestión de caridad, sino una obligación legal, especialmente en un territorio ocupado ilegalmente. Recalcaron que Israel, como potencia ocupante, está obligado por el Derecho Internacional Humanitario a proteger a la población civil bajo su control.
Recordaron también que cualquier operación de asistencia humanitaria debe guiarse por los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. Según advirtieron, la Fundación Humanitaria para Gaza no cumple con esos estándares, pues opera en complicidad con una estrategia militar de ocupación.
Por último, llamaron a los Estados miembros de la ONU a imponer un embargo total de armas a Israel por sus múltiples violaciones al Derecho Internacional, suspender los tratados comerciales o de inversión que puedan perjudicar a los palestinos y ejercer presión directa sobre las corporaciones involucradas para garantizar una rendición de cuentas efectiva.
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