La administración de Donald Trump ha terminado o encaminado el fin del Estatus de Protección Temporal para más de un millón de beneficiarios mientras la Corte Suprema respalda parte de la estrategia.
La administración de Donald Trump aceleró la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para migrantes de varios países que durante años habían recibido autorización para permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos.
El programa fue creado por el Congreso en 1990 como una medida humanitaria para personas que no pueden regresar de manera segura a sus países debido a guerras, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias. El beneficio no concede residencia permanente ni ciudadanía.
La ofensiva de Trump contra el TPS avanzó durante su segundo mandato y alcanzó una dimensión mayor después de que la Suprema Corte permitió a su gobierno avanzar con la terminación de las designaciones para Haití y Siria. La decisión, emitida en junio, facilitó además nuevas cancelaciones del programa.
De acuerdo con un análisis actualizado de Pew Research Center, la administración ha terminado las designaciones de 11 países y ha iniciado procesos para otros dos. En conjunto, las medidas alcanzan a unos 1.04 millones de beneficiarios.
Entre los grupos más numerosos se encuentran los venezolanos, haitianos y hondureños. También están incluidos beneficiarios de Nicaragua, Afganistán, Myanmar, Nepal, Siria, Yemen, Sudán del Sur y Camerún.
Qué es el TPS y por qué importa su cancelación
El TPS permite a determinados extranjeros que ya se encuentran en Estados Unidos permanecer legalmente durante el periodo de protección y obtener autorización para trabajar. Las designaciones pueden durar de seis a 18 meses, aunque en algunos casos han sido prorrogadas durante años.
Por ello, la decisión de terminar una designación puede tener consecuencias profundas para personas que llevan décadas viviendo en territorio estadounidense.
Ese es precisamente el caso de muchos hondureños y nicaragüenses. Sus designaciones se remontan a 1998 y estuvieron relacionadas, entre otros factores, con los efectos del huracán Mitch y las condiciones posteriores en ambos países.
Haití también representa uno de los grupos más grandes. Los cálculos de Pew ubican en unos 334 mil 900 los beneficiarios haitianos afectados por la terminación del programa.
En Venezuela, la cifra conjunta supera los 615 mil beneficiarios correspondientes a las designaciones de 2021 y 2023. Parte de esas protecciones tiene fechas distintas de vencimiento, por lo que no todos los beneficiarios enfrentan el mismo calendario.
La cancelación del TPS tampoco significa que todas las personas pierdan de inmediato cualquier posibilidad de permanecer en Estados Unidos. Algunos beneficiarios pueden buscar otras vías migratorias, como asilo o residencia permanente, siempre que cumplan los requisitos correspondientes.
La Corte Suprema abrió paso a la estrategia de Trump
La batalla legal llegó hasta la Suprema Corte en los casos relacionados con las designaciones de Haití y Siria.
En junio de 2026, el máximo tribunal estadounidense permitió que avanzara la terminación de esas designaciones mientras continuaban los litigios. La Corte examinó si los beneficiarios podían obtener órdenes judiciales que mantuvieran vigente el TPS durante el proceso.
El fallo no significó que la Suprema Corte declarara ilegal el TPS. Por el contrario, resolvió una disputa específica sobre la posibilidad de suspender judicialmente las terminaciones impulsadas por el Departamento de Seguridad Nacional.
La consecuencia política fue mayor. El fallo redujo uno de los principales obstáculos judiciales que enfrentaba la administración para terminar otras designaciones.
Pew Research Center reportó posteriormente que la decisión ya había despejado el camino para nuevas terminaciones, aunque todavía existen litigios pendientes en algunos casos.
Por ahora, dos designaciones, las de Etiopía y Somalia, permanecen suspendidas temporalmente por procesos judiciales. La Corte no ha resuelto directamente esos casos, aunque su fallo sobre Haití y Siria podría influir en su desenlace.
Trump sostiene que el programa perdió su carácter temporal
La administración republicana argumenta que el TPS fue diseñado para situaciones temporales y que algunas designaciones se prolongaron durante años pese a cambios en las condiciones de los países de origen.
Desde esa perspectiva, el gobierno de Trump sostiene que los beneficiarios deben regresar cuando sus países ya no cumplan las condiciones que justificaron la protección.
Los grupos defensores de migrantes sostienen una posición contraria. Argumentan que varias de las naciones afectadas continúan enfrentando violencia, inestabilidad política, desastres o condiciones que hacen inseguro el retorno.
El debate, por tanto, no se limita a la permanencia legal de los migrantes. También involucra la evaluación que hace Washington sobre las condiciones de cada país y el alcance de las facultades del Ejecutivo para poner fin a una designación.
Además, el fin del TPS puede modificar la situación laboral de miles de personas. El programa permite acceder a autorización de empleo mientras está vigente la protección. Al terminar, quienes no tengan otra base legal para permanecer pueden quedar expuestos a procedimientos migratorios y deportación.
Haití, Honduras, Venezuela y Nicaragua concentran parte del impacto
Haití es uno de los casos más delicados por la cantidad de personas afectadas y por las condiciones internas del país.
En Honduras, miles de beneficiarios llevan casi tres décadas en Estados Unidos bajo un esquema cuya primera designación se remonta a 1998. Nicaragua enfrenta una situación similar, aunque con un universo de beneficiarios considerablemente menor.
Venezuela representa el grupo de mayor tamaño entre las designaciones terminadas. La cifra de beneficiarios supera los 615 mil, aunque las fechas de vencimiento varían según la designación bajo la cual cada persona obtuvo la protección.
La situación deja abierta una pregunta central: qué ocurrirá con quienes no puedan obtener otro estatus migratorio antes de que expire su protección.
La administración Trump ha promovido además mecanismos para incentivar la salida voluntaria de algunas personas que perderán el TPS, mientras las autoridades migratorias incrementan los controles sobre determinados grupos.
Una reforma que cambia el futuro de miles de familias
El segundo mandato de Trump convirtió la eliminación del TPS en una de las piezas centrales de su política migratoria.
El programa que nació como una protección temporal terminó amparando durante décadas a comunidades completas que construyeron su vida en Estados Unidos, tuvieron hijos y establecieron actividades laborales y patrimonios dentro del país.
Ahora, la cancelación de esas designaciones obliga a miles de personas a buscar una nueva vía legal o enfrentar la posibilidad de abandonar Estados Unidos.
La dimensión del cambio es considerable. Según Pew Research Center, la administración ha terminado o encaminado la terminación del TPS para más de un millón de beneficiarios desde 2025.
La Suprema Corte ya abrió una vía jurídica para que varias de esas decisiones avancen. Sin embargo, todavía existen casos en tribunales y distintas fechas de vencimiento dependiendo del país y de la designación correspondiente.
El resultado final dependerá tanto de las decisiones administrativas del gobierno como de las próximas resoluciones judiciales.
Por ahora, el mensaje de Washington es claro: el gobierno de Trump busca reducir de forma drástica el alcance de un programa que durante décadas permitió a cientos de miles de personas trabajar y permanecer legalmente en Estados Unidos.
Para quienes dependen del TPS, el cambio no es solamente migratorio. Puede significar decidir entre regularizar su situación por otra vía, regresar al país de origen o enfrentar un proceso de deportación.
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