La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU-PR) y varias organizaciones sociales presentaron una demanda colectiva contra el gobierno del presidente Donald Trump. La acción legal busca anular la política que impide a los migrantes detenidos solicitar libertad bajo fianza, una medida que afecta a miles de personas dentro de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, donde se han arrestado a más de 800 inmigrantes.
Michael Tan, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, señaló en un comunicado que “la Constitución garantiza a todas las personas dentro de las fronteras de Estados Unidos los derechos a la igual protección y al debido proceso de la ley”. Tan añadió que esta nueva política del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) podría dejar a miles encarcelados indefinidamente mientras sus casos permanecen abiertos durante meses o años, sin posibilidad de obtener libertad bajo fianza.
Los demandantes están representados por la ACLU nacional, la ACLU del Sur de California, el Proyecto de Derechos del Inmigrante del Noroeste (NWIRP) y los abogados Niels Frenzen y Jean Reisz. Según Tan, la administración Trump “busca reescribir la protección constitucional, negando a millones de inmigrantes en los centros de detención la capacidad de solicitar libertad bajo fianza por medio de un memorándum sin justificación”.
Impacto directo en Puerto Rico y derechos constitucionales
En Puerto Rico, la política de ICE también ha tenido consecuencias severas. Annette Martínez, directora ejecutiva de la ACLU de la región caribeña, afirmó que “ya ha habido casos de negación de fianza a detenidos por el ICE”. La demanda incluye a personas afectadas en la isla, donde se han reportado más de 800 detenciones desde la implementación de la medida.
El documento legal enfatiza que todas las personas en Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio, tienen derechos constitucionales que deben ser respetados. La Cláusula del Debido Proceso se aplica a todos, incluyendo a migrantes sin documentación regularizada. Esto implica que la negativa de libertad bajo fianza podría violar principios básicos del sistema judicial estadounidense.
Varias organizaciones locales, como Ayuda Social Puerto Rico, Abogados de Inmigración de Puerto Rico y el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico, ofrecen asesoría legal a los inmigrantes afectados. Estos esfuerzos cobran relevancia luego de las recientes redadas efectuadas por ICE desde que el presidente Trump retomó el Despacho Oval.
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