El anuncio del general Michell Leonardo Valladares Molina, jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Táchira, encendió nuevas alarmas en la frontera más tensa de Venezuela. Durante la activación del «Plan Independencia 200», el alto oficial confirmó que armas de fuego fueron distribuidas no solo entre militares, sino también entre integrantes civiles de la Milicia Bolivariana y del llamado «poder popular».
Su decisión impacta un territorio donde el tráfico de armamento es una realidad arraigada y donde operan guerrillas, paramilitares y grupos criminales con amplio dominio territorial. Valladares afirmó que todos los municipios del Táchira cuentan ya con armamento para la defensa del territorio, una medida que profundiza la estrategia de militarización civil impulsada por el régimen de Nicolás Maduro.
Milicia armada en todos los municipios
El general Valladares aseguró que en el estado Táchira operan unos 13 mil combatientes entre militares, milicianos y estructuras del poder popular, además de cuerpos de seguridad ciudadana. Destacó que la Milicia Bolivariana tiene un papel clave en la distribución y resguardo de armamento, y confirmó que armas fueron trasladadas a los 29 municipios fronterizos. La entrega masiva recuerda prácticas previas del oficialismo: autoridades como la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y la dirigente del PSUV Nellyver Lugo han sido captadas en actos donde civiles reciben fusiles bajo el argumento de la «defensa territorial».
De acuerdo con la versión del jefe militar, cada municipio cuenta con recursos suficientes para sostener una estrategia de defensa escalonada, alineada con la doctrina institucional. Valladares también afirmó que existen 18 objetivos estratégicos que el Estado considera vitales para la estabilidad del Táchira y del país, incluidos corredores aéreos y rutas principales.
Sin embargo, esta política de armar a civiles se desarrolla en un contexto donde grupos armados irregulares disputan control territorial y donde el tráfico ilegal de armas, provenientes tanto de arsenales desmantelados como de robos en cuarteles, mantiene altos índices de violencia, homicidios y desplazamientos forzados.
Una frontera saturada de armas y riesgos
El flujo ilegal de armas ha fortalecido a organizaciones criminales que operan entre Venezuela y Colombia. La región del Táchira ha sido escenario de enfrentamientos entre guerrillas, colectivos armados, paramilitares y bandas que se disputan rutas de contrabando, extorsión y secuestro. Pese a esta realidad, Valladares insiste en que la entrega de armamento a civiles forma parte de una estrategia de defensa ante la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, desplegada en operaciones contra el narcotráfico.
El alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que constitucionalmente posee el monopolio del armamento, ha cedido armas a grupos civiles afines al partido gobernante. Esta política, criticada por organizaciones de derechos humanos, profundiza el riesgo de que armamento militar termine en manos de estructuras criminales o grupos de control político.
Despliegue militar y coordinación política
Valladares explicó que se mantiene un despliegue estratégico en forma de herradura a lo largo de la frontera con Colombia, cubriendo localidades como San Antonio, Ureña, La Fría, Colón, Delicias y Rafael Urdaneta. Las tropas realizan patrullajes en zonas que consideran sensibles y garantizan presencia en aeropuertos y vías de acceso.
El jefe militar afirmó que no existen cierres fronterizos ni restricciones que afecten a la ciudadanía. Dijo también que la coordinación con el gobernador Freddy Alirio Bernal Rosales permitió activar desde la madrugada del 11 de noviembre todos los cuerpos de seguridad, incluyendo personal de empresas públicas como gas, electricidad y agua, integrados en brigadas de defensa territorial.
Ajustes militares e incertidumbre civil
El «Plan Independencia 200» busca evaluar la capacidad operativa del despliegue militar, optimizar tiempos de respuesta y reforzar la toma de objetivos estratégicos mediante artillería y defensa aérea. Aunque las autoridades aseguran normalidad en la frontera, la entrega masiva de armas a civiles incrementa la preocupación en una región históricamente golpeada por la violencia y las economías ilegales.
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