La Cámara de Diputados aprobó, con 335 votos a favor y 108 en contra, una reforma constitucional que amplía y endurece la prisión preventiva oficiosa, aplicable sin juicio previo a una lista de delitos, lo que generó un amplio debate en el Congreso y fuertes críticas desde la oposición.
La reforma modifica el artículo 19 de la Constitución para incluir nuevos delitos que ameritarán prisión preventiva automática mientras los acusados esperan juicio. Entre estos delitos se encuentran la extorsión, el contrabando y varios relacionados con la producción, transporte y distribución de fentanilo y otras drogas sintéticas.
Durante el debate, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, presentó dos reservas que fueron aceptadas, eliminando el narcomenudeo y la defraudación fiscal de la lista de delitos con prisión preventiva oficiosa. Según Monreal, la exclusión del narcomenudeo responde a un enfoque social del problema, mientras que la defraudación fiscal fue eliminada en acuerdo con sectores económicos para promover unidad nacional.
Los impulsores de la reforma, principalmente legisladores de Morena, argumentaron que la expansión de la prisión preventiva oficiosa es necesaria para reducir la impunidad en delitos graves y proteger a las víctimas, quienes, según afirman, quedan vulnerables cuando los acusados obtienen libertad tras la audiencia inicial.
La diputada Estela Carina Piceno Navarro (Morena) explicó que esta medida permitirá enfrentar delitos de alto impacto como la extorsión, la cual ha dejado de ser un delito aislado para convertirse en una amenaza común que afecta tanto a ciudadanos como a empresas.
Por otro lado, la oposición, integrada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, acusó que la reforma constituye un retroceso en derechos humanos y vulnera el principio de presunción de inocencia.
La diputada Margarita Zavala (PAN) calificó la reforma como una “pena anticipada” que afectará principalmente a personas de escasos recursos, quienes muchas veces no tienen acceso a una defensa adecuada. Advirtió sobre posibles abusos de esta medida, señalando que podría usarse para reprimir a periodistas y chantajear a empresarios.
Durante la sesión, los legisladores de Morena y de la oposición se enfrentaron en múltiples intervenciones. El morenista Leonel Godoy recordó que la figura de la prisión preventiva oficiosa fue creada en el sexenio de Felipe Calderón en 2008, con apoyo del PRI, y defendió la reforma como una herramienta contra el crimen organizado.
La diputada Lilia Aguilar (PT) desestimó las críticas de la oposición, afirmando que la prisión preventiva no se usará para perseguir adversarios políticos, y destacó que esta medida permitirá proteger a los sectores vulnerables de delitos como extorsión y narcotráfico.
César Alejandro Domínguez (PRI) denunció que la reforma representa “la muerte de la presunción de inocencia y los derechos humanos”, mientras que legisladores del PAN anticiparon que la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría revocar la reforma, ya que contradice tratados internacionales de los que México es parte.
José Guillermo Anaya Llamas (PAN) alertó que esta modificación permitiría encarcelar personas antes de tener pruebas definitivas de culpabilidad, lo que calificó como una política de “encarcelar primero y luego investigar”.
Delitos añadidos al catálogo
La lista de delitos que ameritarán prisión preventiva oficiosa tras la reciente reforma al artículo 19 constitucional incluye:
- Extorsión
- Contrabando
- Operaciones con comprobantes fiscales falsos, como la expedición, compra, venta o adquisición de facturas para respaldar operaciones simuladas.
- Delitos relacionados con fentanilo y drogas sintéticas, incluyendo su producción, importación, exportación, transporte, almacenamiento y distribución.
Durante el debate, se aceptaron las reservas que excluyeron el narcomenudeo y la defraudación fiscal de la lista de delitos.
Además de especificar los delitos que requieren prisión preventiva oficiosa, la reforma establece que los jueces deberán aplicarla de forma automática en estos casos, sin posibilidad de optar por otras medidas cautelares. Esto implica que las personas acusadas de estos delitos serán encarceladas de inmediato mientras esperan su juicio, eliminando la discrecionalidad judicial para considerar otras opciones.
En la exposición de motivos, la iniciativa aprobada en San Lázaro justifica la medida como una estrategia para reducir la impunidad en delitos graves que afectan la seguridad pública y la paz social, explicando la inclusión de delitos como la extorsión y el contrabando debido a su alto impacto en la sociedad.
En el caso de los delitos relacionados con fentanilo y drogas sintéticas, la iniciativa señala que su inclusión responde a la necesidad de combatir de manera más efectiva el mercado ilícito de estas sustancias y la crisis que generan.
La reforma también prohíbe interpretaciones extensivas por parte de los jueces, es decir, no se permitirá ninguna interpretación análoga o ampliada de la prisión preventiva que pueda suspender o modificar los términos establecidos, con el fin de evitar que los acusados eludan la justicia.
La iniciativa será enviada ahora al Senado para su discusión y votación.
