Un jurado federal en Houston declaró culpable a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, un empresario tabasqueño señalado durante años por su cercanía con proveedores de Pemex y su actividad empresarial en Texas. El veredicto lo coloca frente a una posible sentencia de hasta quince años de prisión, mientras autoridades de Estados Unidos aseguran que su esquema de corrupción buscó manipular contratos millonarios dentro de Pemex y su filial Pemex Exploración y Producción. El caso revela una red de pagos ilícitos, regalos de lujo y maniobras para asegurar contratos por al menos 2.5 millones de dólares, hechos que volvieron a evidenciar la fragilidad del sector energético frente a la corrupción.
Investigación y señalamiento directo
Las autoridades estadounidenses detallaron que entre 2019 y 2021, Rovirosa y sus colaboradores entregaron más de 150 mil dólares en sobornos, así como artículos de lujo y bienes de alto valor, a por lo menos tres funcionarios de Pemex y PEP. El objetivo era simple y directo: conservar contratos, agilizar pagos retenidos y generar ventajas indebidas que permitieran a sus empresas ganar terreno dentro de la petrolera estatal. Durante el juicio, se expuso cómo el esquema funcionó desde Texas, donde Rovirosa residía de forma legal, al tiempo que mantenía relaciones comerciales con México.
Rovirosa, de cuarenta y seis años, fue declarado culpable de un cargo de conspiración y dos violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Fue absuelto de un cuarto cargo, aunque esa decisión no modificó el peso del veredicto. La Fiscalía estadounidense sostuvo que el empresario creyó que su actividad desde Houston lo mantenía fuera de riesgo legal, una percepción que terminó por desmoronarse ante las pruebas presentadas.
El Departamento de Justicia recalcó que «los esquemas de soborno que operan desde Estados Unidos, sin importar si los pagos se realizan dentro o fuera del país, no serán tolerados». El mensaje fue interpretado como una advertencia a quienes utilizan estructuras empresariales norteamericanas para influir en decisiones de funcionarios extranjeros.
La investigación también reveló que las empresas vinculadas a Rovirosa se beneficiaron de contratos de Pemex y PEP por un valor mínimo estimado de 2.5 millones de dólares. Esa cifra se sustentó en documentos internos, testimonios y registros financieros recuperados por agentes federales.
Cómplice prófugo y antecedentes de operación
Uno de los puntos más tensos del caso es la situación de Mario Alberto Ávila Lizarraga, identificado como cómplice directo del empresario. Ávila, de sesenta y un años, también ciudadano mexicano con residencia legal en Estados Unidos, permanece prófugo. Las autoridades señalaron que tuvo participación sustancial en el pago de sobornos y en la logística de los regalos de lujo que se entregaron a funcionarios petroleros.
Aunque el caso explotó en 2025, fuentes judiciales en México han vinculado a empresas relacionadas con Rovirosa con procedimientos de auditoría desde 2020, cuando Pemex ajustó controles internos por irregularidades detectadas en contratos de proveedores de exploración. Ninguno de esos procesos derivó en sanciones públicas, pero el Departamento de Justicia utilizó esos expedientes como contexto para mostrar un patrón de conducta.
El FBI en Houston compartió que Rovirosa sostuvo durante años un estilo de vida acomodado en Texas, apoyado en ingresos que, según la Fiscalía, estaban conectados directamente con las ventajas obtenidas mediante corrupción. Ese comportamiento fue presentado como prueba de motivación económica durante el juicio.
«Rovirosa violó leyes estadounidenses mediante una red de corrupción que buscó influir en decisiones de funcionarios extranjeros», afirmó Douglas Williams, agente especial a cargo. Para la corporación federal que participó en la investigación, la condena refleja que es posible frenar estructuras ilícitas incluso cuando sus beneficiarios intentan operar tras fronteras.
La sentencia final se anunciará en los próximos meses. La defensa no ha confirmado si buscará apelar, aunque analistas legales anticipan que será difícil revertir el fallo por la cantidad y solidez de las pruebas presentadas.
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