México extraditó a 26 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos, incluidos líderes de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa y Cártel del Noreste. El Departamento de Justicia de EE. UU. informó que todos enfrentan cargos federales y estatales que abarcan narcotráfico, secuestro, homicidio, tráfico de personas y lavado de dinero. Entre ellos figuran Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, y Abigael González Valencia, “El Cuini”, considerados piezas clave en el tráfico internacional de drogas y en la operación de redes criminales transnacionales.
Cargos van desde narcotráfico hasta asesinato de un oficial
La Fiscalía estadounidense señaló que los acusados habrían introducido toneladas de cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína a su territorio, además de estar implicados en el asesinato de un alguacil adjunto, toma de rehenes y uso ilegal de armas de fuego.
“Hoy es el ejemplo más reciente de los esfuerzos históricos de la administración Trump para desmantelar cárteles y organizaciones terroristas extranjeras”, declaró la fiscal general Pamela Bondi. Añadió que estos hombres “han desempeñado un papel en llevar violencia y drogas a las costas estadounidenses” y que bajo su administración “enfrentarán severas consecuencias”.
La funcionaria agradeció al equipo de Seguridad Nacional de México por la cooperación que permitió la captura y traslado de los acusados, y reiteró que los cárteles implicados han sido catalogados como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados.
La lista completa de los 26 extraditados
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Enrique Arballo Talamantes, “Junior”
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Benito Barrios Maldonado, “Comandante”
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Francisco Conde Chávez
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José Baldomero Fernández Beltrán, “El 8” y/o “Mero”
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Ismael Enrique Fernández Vázquez
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Juan Carlos Sánchez Gaytán, “El Gordo” y/o “Mostachón”
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Luis Raúl Castro Valenzuela, “Chacho”
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Leobardo García Corrales, “Leo”
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Anton Petrov Kulkin
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Roberto Omar López, “Shrek”
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José Antonio Vivanco Hernández
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Servando Gómez Martínez, “La Tuta”
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Kevin Alonso Gil Acosta, “El 200”
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Martín Zazueta Pérez y/o Mario Alexander Gámez Cuevas, “Piyi”
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Abigael González Valencia, “El Cuini”
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José Francisco Mendoza Gómez, “Yiyo”
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Hernán Domingo Ojeda López, “Mero Mero”
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Daniel Pérez Rojas, “Cachetes”
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David Fernando Vásquez Bejarano, “El Acelerado”
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Mauro Alberto Núñez Ojeda, “Jando”
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Jesús Guzmán Castro, “Chuy” y/o “Narizón”
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Juan Carlos Félix Gastelum, “Chavo Félix”
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Pablo Edwin Huerta Nuno, “El Flaquito”
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Roberto Salazar Toledo, “Gordo Junior”
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Abdul Karim Conteh
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José Carlos Guzmán Bernal
Repercusiones binacionales y cooperación reforzada
El traslado de estos líderes y operadores logísticos representa un golpe a las estructuras criminales que operan en ambos países. En México, las autoridades no han especificado si estas extradiciones forman parte de un acuerdo puntual o de un proceso más amplio de colaboración judicial con Washington.
En EE. UU., las fiscalías federales que recibirán a los acusados han confirmado que buscarán sentencias máximas, en algunos casos de cadena perpetua, para evitar que los procesados puedan retomar sus operaciones desde prisión.
Los especialistas en seguridad consideran que la extradición simultánea de 26 capos es un mensaje político y operativo que refuerza la alianza bilateral contra el crimen organizado. Sin embargo, advierten que estos golpes no necesariamente desarticulan por completo las redes del narcotráfico, pues en muchos casos son sustituidos rápidamente por otros operadores.
Un golpe con lectura electoral
Analistas señalan que esta operación, calificada por el gobierno de EE. UU. como “histórica”, llega en un momento en que la administración Trump busca reforzar su discurso de mano dura contra el crimen internacional.
Para México, el envío masivo de capos representa no solo una acción judicial, sino un gesto político que puede interpretarse como una concesión estratégica en la relación bilateral, especialmente frente a la presión estadounidense por frenar el flujo de fentanilo y armas.
El riesgo, advierten expertos, es que mientras Washington capitaliza el éxito político y mediático, las comunidades mexicanas afectadas por el crimen organizado podrían no percibir mejoras inmediatas en seguridad, y el reacomodo de mandos criminales podría generar nuevas olas de violencia.
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