Desde Tapachula, Chiapas, un grupo de migrantes, en su mayoría cubanos, advirtió que podría iniciar el próximo miércoles 1 de octubre una nueva caravana hacia la Ciudad de México si no se resuelve su situación migratoria. Los solicitantes reclaman al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum la regularización de documentos que les permita trabajar de manera legal en México.
La comunidad migrante señaló que ha esperado durante meses respuestas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), sin obtener claridad sobre su estatus. Durante una conferencia de prensa, los participantes denunciaron que la irregularidad en la que viven incrementa su vulnerabilidad, exponiéndolos a violencia, fraudes y precariedad económica, además de limitar su acceso a servicios de salud.
Atención humanitaria y coordinación gubernamental
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que en la actual administración se han atendido 15 caravanas migrantes, ofreciendo alternativas para una migración ordenada. Destacó que un centro de mando opera las 24 horas, coordinando la atención a los migrantes con la participación de más de 30 dependencias.
Rodríguez Velázquez aseguró que se han instalado puntos de rescate humanitario para reducir los riesgos durante el tránsito por el país y que más de 99 mil personas han sido atendidas con calidez, recibiendo más de 564 mil servicios que incluyen alimentación, hospedaje, atención médica, orientación jurídica, documentos oficiales y Tarjetas Paisano.
Política migratoria con enfoque humanista
La secretaria enfatizó que la política migratoria mexicana se centra en la atención a las causas estructurales de la migración, como pobreza, desigualdad y violencia. Además, subrayó que la migración es una responsabilidad compartida internacionalmente, lo que implica coordinación constante entre países de origen y destino, así como apoyo para el retorno asistido.
El llamado de los migrantes cubanos de Chiapas coincide con el próximo aniversario de la administración federal, fecha que utilizan como plazo límite para recibir respuesta sobre su regularización. De no resolverse, amenazan con movilizarse hacia la capital, lo que podría generar tensión social y nuevas negociaciones con las autoridades federales.
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