La reforma a las leyes de Bienes Nacionales y Equilibrio Ecológico, aprobada por la Cámara de Diputados el 1 de septiembre con 470 votos a favor, genera posiciones divididas en el sector hotelero de Quintana Roo. La iniciativa, impulsada por Ricardo Monreal (Morena), garantiza el libre acceso a playas y zonas federales marítimo-terrestres, prohibiendo cobros o restricciones, salvo por razones ambientales, de seguridad o interés nacional. Mientras el presidente de los hoteleros de Cancún ve retos logísticos, el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano la ve como una oportunidad para mejorar accesos públicos en destinos como Tulum. El dictamen ya está en el Senado para su análisis final.
Rodrigo de la Peña, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, advirtió que abrir accesos en todos los hoteles sería «complicado», especialmente en propiedades sin salida directa a la playa.
«La playa es zona federal y todos pueden transitar libremente, pero accesos en todos los hoteles es un reto; vamos a analizar la iniciativa para proponer varios accesos compartidos», señaló.
Quintana Roo, con 1,200 km de costa y 18 millones de turistas anuales, depende del turismo de sol y playa, donde el 70% de ingresos hoteleros proviene de resorts todo incluido.
Por su parte, David Ortiz Mena, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, aplaudió la reforma como «positiva» para resolver el reclamo social de accesos públicos.
«En Tulum, la falta de planeación ha limitado el acceso; esta ley ayudará sin responsabilizar solo al sector privado, ya que los municipios deben garantizarlo», afirmó.
Recordó que el 80% de playas en la Riviera Maya carecen de entradas públicas seguras, según datos de Semarnat.
Reforma aprobada: Libre acceso sin cobros o restricciones
La modificación, con apoyo unánime de partidos, establece que el acceso a playas marítimas y zona federal marítimo-terrestre será libre, gratuito y permanente para todos, sin distinción de origen o condición, prohibiendo inhibiciones salvo por leyes específicas. Autoridades federales, estatales y municipales deben garantizar accesos seguros y señalizados desde vías públicas. Esto responde a denuncias de «privatización» de playas en destinos turísticos, donde cobros indirectos o restricciones afectan a locales y visitantes de bajos ingresos.
En Quintana Roo, la ley impactará el 60% de hoteles costeros, obligando a crear accesos o compartirlos, con multas de hasta 4,000 UMAs (unos 450,000 pesos) por incumplimiento. La gobernadora Mara Lezama respaldó: «Es un derecho constitucional; impulsaremos accesos públicos sin afectar el turismo sostenible».
Desafíos y oportunidades: Turismo vs. acceso público
El sector hotelero, que genera 1.2 millones de empleos en el estado, teme impactos en la privacidad y seguridad de huéspedes, pero Ortiz Mena ve beneficios: «Mejorará la imagen de Quintana Roo como destino inclusivo». De la Peña propone «accesos controlados» para evitar congestiones. En Tulum, donde el 90% de playas son «privadas», la reforma podría generar 20 nuevos accesos públicos en 2026, según Profepa.
En redes, #PlayasLibres genera debate: «Por fin accesos para todos», tuiteó un activista, mientras hoteleros responden: «Seguridad primero». La ley, si se aprueba en el Senado, entrará en vigor en 2026, equilibrando turismo y equidad en un estado donde el 40% de la población depende del sector. Quintana Roo, cuna de playas icónicas, podría convertirse en modelo de acceso inclusivo.
También te puede interesar: Inauguración del puente Nichupté en Cancún: Nueva fecha y razones del retraso
