La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo remitió a la Cámara de Diputados la iniciativa para expedir la Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, estableciendo reglas para el uso productivo del recurso, la ordenación de concesiones y su disponibilidad universal. La propuesta, pendiente desde 2013 tras la reforma constitucional de 2012, crea un capítulo de «Delitos Hídricos» con penas de hasta 12 años de prisión por traslados lucrativos sin autorización, alteraciones de cauces o corrupción en concesiones. También impone multas de hasta 50,000 UMAs (5 millones de pesos) por extracciones excesivas o obras ilegales, y elimina transmisiones privadas de derechos de agua, reservándolos al Estado.
Sheinbaum enfatizó en su envío que la ley prioriza el derecho humano al agua, fomentando captación pluvial obligatoria en códigos de construcción y participación ciudadana en su gestión.
«Es una inversión en el futuro de México; el agua no es un lujo, es un derecho», afirmó, alineada con el Plan Nacional Hídrico 2024-2030.
Delitos hídricos: Sanciones drásticas contra la impunidad
La ley introduce penas severas para proteger el recurso:
- 2 a 10 años de prisión: Por trasladar aguas nacionales con fines de lucro sin autorización, alterar cauces o obstruir flujos, afectando condiciones hidráulicas.
- Hasta 9 años: Por modificar medidores para simular menor consumo.
- Hasta 12 años: Para servidores públicos que otorgan concesiones a cambio de beneficios personales o a parientes; y para particulares en actos de corrupción para obtenerlas.
- Multas de hasta 50,000 UMAs (5 millones de pesos): Por explotar volúmenes mayores a los autorizados, obras en zonas vedadas o transmisión de títulos de concesión.
El Estado regulará volúmenes de extracción y límites a derechos, con un Registro Nacional del Agua para verificar usos y un fondo de reserva para reasignaciones equitativas. Concesiones no utilizadas revertirán a Conagua para redistribución.
Reforma pendiente: 12 Años de espera y llamados de la SCJN
La ley, obligatoria desde febrero de 2013 por la reforma del artículo 4 constitucional que consagra el derecho humano al agua, ha sido postergada pese a fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2019 y 2022, que urgió su expedición para combatir la escasez, con 2.5 millones de mexicanos sin acceso en 2024 según Conagua. Sheinbaum, en su mañanera del 9 de octubre, explicó: «No es un gasto, es una inversión; priorizamos captación pluvial y saneamiento para consumo doméstico».
La iniciativa fomenta la instalación de sistemas de captación en propiedades, promoviendo el reúso y tratamiento del agua. Entidades federativas deberán incluirlo en códigos de construcción y legislaciones de propiedad, asegurando almacenamiento mínimo para necesidades básicas.
La propuesta, que desaparecerá el régimen de transmisiones privadas, busca equidad en un México con 70% de agua dulce contaminada (Conagua). Legisladores de Morena como Ricardo Monreal, impulsor, la ven como «cierre a la impunidad». Oposición como PAN critica posibles abusos: «Limita derechos sin contrapesos». En redes, #LeyDeAguas genera debate: «Por fin regulación, pero sin aumentar precios».
Sheinbaum, con 60% de aprobación en encuestas, alinea esta ley con su plan de 100 puntos, invirtiendo 2,500 millones de pesos en 2025 para saneamiento. En Quintana Roo, donde el Tren Maya impacta acuíferos, la ley impulsará captación pluvial obligatoria. Con el Senado analizando el dictamen, México avanza hacia una hacienda hídrica ética, donde el agua sea derecho, no privilegio.
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