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    EE. UU. destapa red de sobornos que salpica a Pemex y a dos empresarios mexicanos

    El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, en inglés) reveló que dos ciudadanos mexicanos fueron acusados de sobornar a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) para obtener contratos lucrativos. Las investigaciones apuntan a pagos en efectivo y artículos de lujo entregados a altos mandos de la petrolera estatal, un caso que involucra operaciones entre 2019 y 2021 y que podría derivar en penas de cárcel de hasta cinco años por cada cargo.

    Sobornos por artículos de lujo y contratos millonarios

    Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, y Mario Alberto Ávila Lizarraga, de 61 años, presuntamente conspiraron para pagar al menos 150 mil dólares en sobornos a funcionarios de Pemex y su subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP).

    Ambos enfrentan un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres cargos por violaciones sustanciales de la misma ley.

    De acuerdo con los documentos judiciales, entre 2019 y 2021 los acusados y sus cómplices ofrecieron y pagaron sobornos en forma de productos de marcas como Louis Vuitton y Hublot, pagos en efectivo y otros artículos de valor.

    Estos fueron entregados a al menos tres funcionarios de Pemex y PEP, a cambio de que favorecieran a empresas vinculadas con Rovirosa en la obtención y retención de contratos.

    Las operaciones derivaron en contratos por al menos 2.5 millones de dólares para dichas empresas.

    El DOJ detalló que ambos son ciudadanos mexicanos con residencia legal en Texas. Rovirosa fue detenido y procesado este lunes, mientras que Ávila permanece prófugo.

    Mensaje de la justicia estadounidense

    Matthew R. Galeotti, fiscal de la División Penal del Departamento de Justicia, afirmó que esta acusación “debe enviar un mensaje claro” de que la Justicia de EE. UU. no tolerará a quienes enriquezcan a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento de la competencia justa.

    El FBI y autoridades de Seguridad Nacional mantienen abierta la investigación. De ser declarados culpables, cada uno de los acusados podría recibir hasta cinco años de prisión por cada cargo imputado.

    Por el momento, el proceso continúa en fase de recopilación de pruebas y los dos empresarios se consideran inocentes hasta que un tribunal emita una sentencia condenatoria.

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