La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó este jueves que las querellas relacionadas con el llamado “huachicol fiscal” ascienden a 16 mil millones de pesos, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierto un juicio contra 10 marinos y funcionarios aduaneros implicados en una red de contrabando de combustible. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su administración busca unificar la información dispersa para determinar la magnitud real del daño económico.
Gobierno investiga trazabilidad y contrabando de combustible
En conferencia matutina desde Ciudad de México, Sheinbaum aclaró que la cifra de 600 mil millones de pesos difundida previamente por la Procuraduría Fiscal de la Federación no corresponde a un dato oficial. Explicó que su gobierno trabaja en la integración de bases de datos provenientes de Pemex, la Secretaría de Energía, Aduanas y el SAT, con el objetivo de establecer un sistema único que permita rastrear cada litro de combustible importado, producido y vendido en el país.
“Queremos una sola fuente de información del Gobierno Federal sobre el volumen de combustible que se importa, produce y vende. Solo así podremos determinar si hay contrabando y de qué magnitud”, declaró la mandataria.
La presidenta subrayó que, por primera vez, se contará con una “trazabilidad completa de los combustibles”, lo que permitirá identificar irregularidades en tiempo real. El nuevo sistema de monitoreo, previsto para operar plenamente a finales de octubre, formará parte de la estrategia de control y transparencia del sector energético.
16 mil millones de pesos querellados
Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, informó que el saldo histórico de querellas por delitos relacionados con el contrabando de combustible asciende a 16 mil millones de pesos, equivalentes a unos 873 millones de dólares. Esta cifra, dijo, refleja el impacto financiero de las operaciones ilegales detectadas en los últimos años.
“El contrabando fiscal de combustible es un delito de alto impacto que distorsiona el mercado, afecta los ingresos públicos y promueve la competencia desleal”, señaló Amador.
La FGR mantiene abiertas diversas carpetas de investigación contra exfuncionarios vinculados a la manipulación de importaciones energéticas. En septiembre, el organismo judicial dio a conocer que 10 marinos y funcionarios aduaneros fueron procesados por facilitar el ingreso de millones de litros de combustible bajo el disfraz de aditivos químicos.
El caso Farías Laguna y la red de corrupción
Entre los acusados figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente detenido, quien es sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con la FGR, el grupo permitió la entrada ilegal de hidrocarburos que posteriormente fueron vendidos dentro del país, evadiendo el pago de impuestos y derechos aduaneros.
Las autoridades señalaron que el esquema consistía en reclasificar los combustibles importados como “aditivos” o “lubricantes”, lo que permitía su ingreso al país sin cumplir las normas fiscales y ambientales correspondientes.
Sheinbaum afirmó que, con la nueva trazabilidad energética, este tipo de prácticas “no volverán a repetirse”, ya que las operaciones quedarán registradas desde el punto de origen hasta su venta al consumidor.
“Estamos limpiando el sistema de combustible del país. No vamos a permitir que unos pocos sigan robando lo que pertenece a todos”, advirtió.
La presidenta también recalcó que los datos preliminares del grupo interinstitucional serán presentados al cierre de octubre, cuando se espera un informe consolidado sobre el impacto del huachicol fiscal en las finanzas públicas.
El tema se ha convertido en uno de los principales retos del gobierno actual en materia económica, pues combina elementos de corrupción, defraudación y pérdida de ingresos fiscales.
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