La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que busca modificar la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE) con un cambio de fondo: elevar los aranceles de más de mil productos importados de países sin acuerdos comerciales con México. La propuesta establece que estas tarifas pasarían de niveles de 10 a 20% a un rango de entre 35 y 50%, con un impacto directo en sectores como el automotriz, textil, plástico, acero, calzado, electrodomésticos y muebles. Según el documento, el objetivo es reducir la dependencia de insumos extranjeros, impulsar el mercado interno y asegurar que al menos la mitad de la proveeduría estratégica sea de origen nacional.
Reforma con alcance industrial y fiscal
La propuesta forma parte del paquete económico 2026 y se presenta como una pieza clave del llamado Plan México. El gobierno sostiene que, durante años, la apertura comercial favoreció la importación masiva de insumos sin traducirse en un fortalecimiento real de la industria mexicana. El resultado, afirman, fue la pérdida de ramas productivas esenciales y una creciente vulnerabilidad frente a choques externos.
El documento enviado por la Presidencia subraya: “Los aranceles dejan de concebirse únicamente como un instrumento recaudatorio y se transforman en una herramienta estratégica de política económica y comercial”. Bajo esta lógica, la medida busca no solo incrementar la recaudación, sino también consolidar un modelo económico más soberano, innovador y competitivo.
De aprobarse, la reforma impactará 1,371 fracciones arancelarias, equivalentes al 16.8% del total de la Tarifa de la LIGIE. Los nuevos gravámenes aplicarían a importaciones provenientes de cualquier país miembro de la OMC que no cuente con un tratado comercial con México.
Impacto económico y recaudatorio
Entre los bienes que enfrentarían aumentos destacan productos de acero como varillas y tubos; textiles y prendas de vestir; calzado de distintos tipos; artículos de higiene personal como lacas y dentífricos; además de muebles, lavabos y artículos de baño. Al mismo tiempo, algunos productos de exportación quedarían exentos de las cuotas arancelarias, como cosméticos y artículos de higiene personal.
El impacto esperado en las finanzas públicas es considerable. El gobierno calcula ingresos adicionales por 70 mil millones de pesos derivados de esta ampliación arancelaria. En números totales, la recaudación por comercio exterior ascendería a más de 254 mil millones de pesos en 2026, lo que representaría un incremento del 70% respecto a 2025.
El Ejecutivo insiste en que la medida no busca encarecer artificialmente el consumo, sino incentivar la producción interna. “El objeto de esta reforma es aprovechar nuestro mercado interno para que la producción tenga lugar en México y emplee a personas trabajadoras mexicanas”, afirma el proyecto.
Un cambio en la política comercial
La iniciativa se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y del Plan México hacia 2030, que plantean fortalecer la innovación tecnológica y la integración de cadenas productivas. Para la administración de Sheinbaum, el nuevo modelo debe garantizar que la mitad de la proveeduría estratégica provenga de empresas mexicanas, al mismo tiempo que corrige distorsiones derivadas de la apertura comercial de décadas anteriores.
Aunque la propuesta mantiene la preferencia para productos originarios de países con los que México tiene tratados de libre comercio, el gobierno busca marcar distancia frente a un esquema de dependencia de importaciones. La estrategia se presenta como una apuesta de política industrial de largo plazo, que pretende equilibrar la recaudación, el empleo y la soberanía productiva.
El decreto, en caso de aprobarse, entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
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