El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que designa al movimiento Antifa como una “organización terrorista”, generando preocupación entre críticos que alertan sobre la posibilidad de que esta medida se utilice para reprimir cualquier forma de disidencia bajo el argumento de la seguridad nacional.
Tras la firma del decreto, Trump autorizó el despliegue de tropas en Portland, Oregon, citando ataques a instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) perpetrados por Antifa y otros grupos que considera terroristas domésticos. “A petición de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estoy ordenando al secretario de Guerra que proporcione todas las tropas necesarias para proteger Portland y nuestras instalaciones de ICE”, publicó Trump en su red social Truth Social.
El alcalde de Portland, Keith Wilson, advirtió que la llegada de agentes federales no responde a una solicitud de la ciudad y calificó la medida de extralimitación y distracción, generando tensión entre autoridades locales y federales.
Qué es Antifa y cómo opera
Antifa, abreviatura de “antifascista”, agrupa a colectivos y activistas de extrema izquierda que se oponen al racismo, al supremacismo blanco y a lo que consideran fascismo. No tiene líder ni estructura centralizada, sino que se conforma por grupos e individuos independientes con ideas afines. Según Mark Bray, autor de Antifa: The Anti-Fascist Handbook, el movimiento funciona como una coalición de radicales que van desde socialistas hasta anarquistas, similar a cómo operan los grupos feministas: hay organizaciones específicas, pero no un “grupo” único que represente a todos.
Históricamente, Antifa ha participado en contramanifestaciones frente a grupos neonazis y supremacistas blancos, como ocurrió en Charlottesville en 2017 y durante la investidura de Trump en 2017, cuando manifestantes enmascarados rompieron ventanas y enfrentaron a derechistas en Washington.
La polémica legal y política de la designación
La orden ejecutiva de Trump describe a Antifa como una “empresa militarista y anarquista que llama explícitamente al derrocamiento del gobierno de Estados Unidos”, usando violencia para suprimir la libertad de expresión. La medida advierte que las autoridades pueden actuar contra “cualquier persona que afirme actuar en nombre de Antifa” o haya brindado apoyo material al movimiento.
Sin embargo, la legalidad de esta designación es incierta. Estados Unidos carece de un estatuto que permita declarar grupos domésticos como terroristas, a diferencia de organizaciones extranjeras como Al-Qaeda o Estado Islámico. Expertos señalan que extender esta herramienta a colectivos locales podría vulnerar la Primera Enmienda y abrir la puerta a abusos políticos.
Implicaciones y críticas
La decisión de Trump ha sido interpretada como un intento de consolidar su política de mano dura contra la delincuencia y la protesta social, aunque las tasas de crímenes violentos han descendido en varias ciudades. La designación ha provocado inquietud en juristas y defensores de derechos civiles, quienes temen que se use para perseguir a activistas, periodistas y ciudadanos críticos del gobierno bajo el argumento de seguridad nacional.
Analistas coinciden en que el movimiento Antifa, con su carácter descentralizado y heterogéneo, no representa un grupo homogéneo que pueda ser neutralizado mediante decretos presidenciales, pero la etiqueta de “terrorista” introduce un nuevo nivel de riesgo legal y político en EE. UU., marcando un precedente preocupante en el manejo de la protesta social.
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