El Gobierno de Estados Unidos prepara un despliegue de agentes migratorios en su frontera sur con un objetivo poco habitual: detener a migrantes sin estatus legal que intenten salir del país de manera voluntaria para pasar las fiestas decembrinas en México. De acuerdo con medios estadounidenses, la estrategia se aplicaría durante el periodo de Navidad y Año Nuevo, bajo el argumento de reforzar el control de entradas y salidas del territorio estadounidense. La medida, de concretarse, marcaría un giro relevante en la lógica operativa de la política migratoria, al colocar bajo vigilancia incluso a quienes buscan salir del país.
Según información difundida por The Huffington Post, el operativo contemplaría revisiones directas por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Protección Fronteriza (CBP). Las inspecciones no se limitarían a cruces formales, sino que incluirían autobuses comerciales que se dirigen hacia el sur. El medio sostiene que la estrategia se desprende de un memorando interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), documento que no ha sido hecho público.
El memorando, siempre según el reporte, instruye a los agentes a distinguir entre migrantes con antecedentes criminales y aquellos que no los tienen. Esta diferenciación no implica necesariamente un trato más laxo para el segundo grupo, sino un procesamiento distinto dentro del sistema migratorio vigente. En ambos casos, la autoridad busca impedir que personas sin estatus legal abandonen el país sin una revisión formal.
Detenciones inmediatas y canalización hacia procedimientos formales
Para quienes cuentan con antecedentes criminales, el documento sugiere que serían “procesados según sus casos migratorios actuales”. En términos prácticos, esto abre la puerta a detenciones inmediatas y a su canalización hacia procedimientos formales de deportación. En el caso de migrantes sin historial criminal, el enfoque no queda del todo claro, aunque la revisión migratoria seguiría siendo obligatoria.
Consultado por la agencia EFE, un portavoz del DHS evitó confirmar el operativo y se limitó a señalar que la dependencia no comenta sobre acciones futuras. Sin embargo, sí dejó clara la postura institucional. “Es de sentido común que debamos saber quién entra y quién sale de nuestro país”, afirmó el vocero, alineándose con el discurso de control fronterizo que ha caracterizado a la actual administración.
En la misma declaración, el DHS subrayó que, bajo el mandato de Trump, las fronteras y los puertos de entrada han sido reforzados para impedir que “ningún inmigrante indocumentado entre o salga de Estados Unidos sin la debida inspección”. La frase es reveladora. No solo apunta a frenar ingresos irregulares, sino también a controlar salidas que, hasta ahora, solían considerarse de bajo riesgo.
Auto-deportación, incentivos y cifras que no cuadran
Esta posible medida se inscribe en una estrategia más amplia impulsada por el Gobierno de Trump, centrada en la llamada “auto-deportación”. El concepto busca que migrantes sin estatus legal abandonen voluntariamente el país, bajo la premisa de que enfrentarán consecuencias más severas si permanecen en territorio estadounidense.
Como parte de este esquema, la administración lanzó la aplicación móvil CBP Home, mediante la cual los migrantes pueden notificar su salida voluntaria. El incentivo ofrecido es directo: un pago único de 1.000 dólares para quienes acepten regresar a su país de origen sin enfrentar un proceso de deportación formal. El mensaje oficial es menos sutil. “Si no te auto-deportas, no es una cuestión de si ICE va a encontrarte o no, sino cuándo”, señala un documento del DHS publicado en su sitio web.
Pese a la narrativa oficial, los resultados han sido limitados. El Gobierno estadounidense no ha difundido cifras propias sobre el uso de la aplicación. Sin embargo, la revista The Atlantic reveló que apenas unas 35 mil personas han utilizado CBP Home hasta ahora. El dato contrasta con la magnitud del universo migrante sin estatus legal y pone en duda la efectividad real del programa.
Vigilancia de salidas voluntarias hacia México
El contexto político tampoco es menor. Trump llegó nuevamente a la presidencia prometiendo ejecutar la mayor campaña de deportaciones en la historia de Estados Unidos. No obstante, los datos oficiales muestran un panorama más complejo. En su primer año de Gobierno, se registraron alrededor de 600 mil deportaciones, una cifra inferior a las 685 mil expulsiones contabilizadas durante el año fiscal 2024, bajo la administración de Joe Biden.
La posible vigilancia de salidas voluntarias hacia México durante las fiestas decembrinas abre interrogantes adicionales. Para miles de migrantes, regresar temporalmente a ver a sus familias implica el riesgo de no poder reingresar a Estados Unidos. Ahora, incluso ese retorno simbólico podría traducirse en detención o en un proceso migratorio irreversible.
Más allá del discurso de “sentido común”, la medida refleja una política que privilegia el control total del flujo migratorio, incluso cuando este va en dirección de salida. En plena temporada navideña, el mensaje es contundente: la frontera también se cierra hacia el sur.
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