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    Explosión en Coahuayana apunta al CJNG y confirma disputa criminal en la costa de Michoacán

    El ataque con explosivos registrado en Coahuayana, Michoacán, dejó seis personas muertas y once más lesionadas, además de confirmar que la violencia criminal en la zona costera del estado sigue activa y en disputa. La Fiscalía General del Estado informó que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estaría detrás de la detonación de una camioneta en instalaciones de la policía comunitaria, un hecho que ya es investigado como delincuencia organizada.

    El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, señaló que la agresión ocurrió el pasado 6 de diciembre y que todo apunta a un ataque directo contra la policía comunitaria del municipio. De acuerdo con las primeras indagatorias, el vehículo provenía del estado de Colima y fue activado mediante un dispositivo a larga distancia, lo que refuerza la hipótesis de una acción planeada y ejecutada por un grupo criminal con capacidad operativa.

    Torres Piña explicó que la fricción permanente entre grupos armados en la región hace evidente la posible responsabilidad del CJNG. Agregó que las autoridades ya identificaron a las personas que presuntamente accionaron el explosivo y que la investigación avanza en coordinación con instancias federales, encabezadas por la Fiscalía General de la República.

    Investigación federal y detenciones vinculadas al ataque

    El fiscal detalló que seis personas fueron detenidas en los límites entre Colima y Michoacán, quienes se encuentran bajo investigación por portación de armas y ataques a las fuerzas de seguridad. Aunque todavía no se confirma su participación directa en la explosión, las autoridades analizan si existe un vínculo operativo con el atentado ocurrido en Coahuayana.

    Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el caso se investiga como delincuencia organizada y no como terrorismo, debido a que esta figura no se contempla en la legislación mexicana ni en algunos marcos jurídicos internacionales. Desde el inicio, explicó, las líneas de investigación apuntan a una confrontación entre grupos ligados al CJNG y al llamado Cártel de Tepalcatepec, también conocido como Cárteles Unidos.

    Las autoridades federales consideran que el ataque forma parte de una escalada por el control territorial en la región, donde confluyen rutas estratégicas para el trasiego de drogas, armas y personal armado. La carretera federal 200, que conecta diversos municipios de la costa michoacana, es uno de los principales puntos en disputa.

    Coahuayana, pieza clave en la disputa criminal

    Especialistas en seguridad coinciden en que Coahuayana representa un enclave estratégico para los grupos criminales. El analista David Saucedo explicó que el municipio funciona como una puerta de entrada hacia la zona costera y la Sierra Madre del Sur, lo que lo convierte en un punto crucial para la expansión del CJNG en Michoacán.

    De acuerdo con el especialista, uno de los factores que ha frenado el avance del grupo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, es la contención ejercida por Cárteles Unidos en esa región. Esa disputa ha convertido al municipio en una especie de muro que obstaculiza el abastecimiento de armas, municiones y refuerzos para el CJNG.

    Los ataques contra la policía comunitaria no son hechos aislados

    Según Saucedo, estos grupos buscan debilitar cualquier estructura que limite su avance, incluidas organizaciones locales que operan bajo la figura de autodefensas, pero que en muchos casos funcionan como brazos armados de mafias regionales.

    El fiscal estatal también señaló que el alcalde de Coahuayana, Andrés Aguilar Mendoza, es la única autoridad que conoce el origen y la legalidad de la policía comunitaria del municipio, un elemento que forma parte de las indagatorias en curso.

    La explosión de la camioneta no solo dejó víctimas mortales, sino que evidenció la persistente disputa criminal en la costa de Michoacán. Mientras avanzan las investigaciones, el caso refuerza la preocupación sobre la capacidad de los grupos delictivos para emplear explosivos y ejecutar ataques de alto impacto contra cuerpos de seguridad locales.

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