Mario Alberto Ávila, exaspirante a la gubernatura de Campeche por el Partido Acción Nacional (PAN) y señalado por autoridades de México y Estados Unidos en un presunto caso de corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex), continúa prófugo de la justicia. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este martes que Ávila es buscado por el gobierno estadounidense y detalló sus vínculos con la petrolera estatal.
Durante la conferencia matutina del 12 de agosto, la mandataria recordó que Ávila ocupó cargos en Pemex antes de incursionar en la política, y que ahora enfrenta acusaciones formales por sobornos a funcionarios de alto nivel.
“Trabajó en Pemex y fue acusado por casos de corrupción. Actualmente, está prófugo y es buscado por el gobierno de EE. UU.”, dijo Sheinbaum, subrayando que su caso está ligado a una red que operaba para obtener contratos millonarios de forma ilícita.
Acusaciones y red de sobornos
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, precisó que Ávila solicitó un beneficio procesal para suspender el juicio en su contra, argumentando que pagaría la reparación del daño. “Este individuo pidió una consideración para suspender, no para liquidar ni desechar el proceso, en razón de que iba a hacer el pago de la reparación del daño, dividida en varios pagos”, indicó.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) detalló que Ávila, de 61 años, y Ramón Alexandro Rovirosa, de 46, habrían conspirado para pagar al menos 150 mil dólares en sobornos a funcionarios de Pemex y de su subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP). A cambio, se les facilitó la obtención y conservación de contratos con un valor aproximado de 2.5 millones de dólares.
Entre 2019 y 2021, según documentos judiciales, los acusados entregaron pagos en efectivo, relojes de lujo de la marca Hublot, artículos de Louis Vuitton y otros bienes de alto valor a al menos tres funcionarios de Pemex y PEP. Estos sobornos buscaban asegurar decisiones favorables para empresas vinculadas con Rovirosa y Ávila.
Procesos y consecuencias legales
Ambos enfrentan un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) y tres cargos adicionales por violaciones sustanciales de esa misma ley. De ser encontrados culpables, podrían recibir hasta cinco años de prisión por cada acusación.
Rovirosa, quien también es ciudadano mexicano con residencia legal en Texas, fue procesado el lunes en EE. UU., mientras que Ávila continúa prófugo. Las autoridades no han revelado detalles sobre su ubicación, pero el DOJ mantiene una orden activa para su detención.
Este caso se suma a una serie de investigaciones internacionales que han puesto bajo la lupa los contratos de Pemex y sus filiales, en medio de cuestionamientos sobre la transparencia en sus procesos de licitación y la influencia de exfuncionarios y empresarios con vínculos políticos.
La presidenta Sheinbaum aseguró que su gobierno colaborará con las autoridades estadounidenses para garantizar que los responsables enfrenten la justicia. “No se trata de una persecución política, sino de un acto de justicia y de combate frontal a la corrupción”, afirmó.
El caso de Ávila también ha reavivado críticas hacia el PAN, partido al que representó en las elecciones para la gubernatura de Campeche, por supuestos vínculos de algunos de sus miembros con prácticas corruptas en la administración pública.
También te puede interesar: Miles de pasajeros afectados tras suspensión de operaciones en el AICM por lluvias
