El Estado mexicano aceptó su responsabilidad por la vulneración de los derechos humanos a la vida, la salud y el acceso a la justicia de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años, víctima de violación sexual y tortura en 2007 en la Sierra de Zongolica, Veracruz. El reconocimiento ocurrió tras la notificación de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluyó que los hechos fueron perpetrados por integrantes del Ejército mexicano y que la agresión tuvo consecuencias fatales debido a fallas graves en la atención médica y en la investigación posterior.
La resolución del tribunal internacional marca un punto de quiebre en un caso que durante años fue negado por las autoridades federales y estatales. La Corte determinó que la violencia sexual sufrida por Ernestina Ascencio constituyó un acto de tortura y que el Estado incumplió su obligación de garantizar atención médica oportuna, adecuada y culturalmente pertinente, así como una investigación efectiva que asegurara verdad y justicia.
Violación, tortura y omisiones médicas
Durante la audiencia celebrada el 16 de noviembre, la CIDH acreditó que Ernestina Ascencio fue agredida sexualmente el 25 de febrero de 2007 en la comunidad de Tetlalzinga. Un día después, el 26 de febrero, falleció en el Hospital Regional de Río Blanco sin haber sido sometida a una intervención quirúrgica que pudiera haber salvado su vida.
El tribunal concluyó que la muerte se produjo en un contexto de negligencia institucional. El hospital carecía de intérpretes de lengua náhuatl, lo que impidió una comunicación efectiva entre la víctima, su familia y el personal médico. Esta barrera lingüística derivó en una atención deficiente y vulneró el derecho a la salud de la víctima, quien además enfrentó discriminación estructural por su condición indígena, edad y género.
La Corte también estableció que el Estado mexicano falló al no garantizar servicios médicos adecuados en una situación de extrema gravedad. Esa omisión, señaló, resultó determinante en el desenlace fatal del caso.
Reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Gobierno de México aceptó su responsabilidad internacional por la vulneración de los derechos humanos a la vida y la salud de Ernestina Ascencio. Asimismo, reconoció la violación a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, tanto de la víctima como de sus familiares.
El Estado también admitió la afectación al derecho a la integridad personal de los familiares de Ernestina Ascencio, quienes durante años enfrentaron un proceso marcado por la falta de información, la negación oficial de los hechos y la ausencia de justicia.
El gobierno señaló que analizará a detalle los razonamientos de la sentencia y reiteró su compromiso de garantizar verdad, justicia, reparación del daño y medidas de no repetición, en línea con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Un caso emblemático de violencia e impunidad
La sentencia de la CIDH desmonta de manera formal la versión oficial que durante años sostuvo que Ernestina Ascencio murió por causas naturales. Para organizaciones de derechos humanos, el fallo confirma la existencia de violencia sexual cometida por militares y evidencia los riesgos de la militarización en comunidades indígenas.
El tribunal subrayó que los hechos ocurrieron en un contexto de presencia militar intensificada, un año después del inicio de la estrategia de militarización de la seguridad pública en México. En ese marco, la Corte consideró que el Estado no solo falló en prevenir la violencia, sino también en investigar de forma diligente y sancionar a los responsables.
Además, destacó que el caso refleja patrones de discriminación y exclusión que enfrentan las mujeres indígenas en el acceso a la justicia y a los servicios de salud, especialmente cuando existen barreras culturales y lingüísticas.
Compromisos y pendientes tras la sentencia
El Estado mexicano reafirmó su compromiso de combatir la violencia contra las mujeres y de proteger los derechos de los pueblos indígenas. No obstante, la sentencia de la CIDH obliga a México a implementar medidas concretas de reparación integral, que incluyen atención a los familiares, garantías de no repetición y adecuaciones estructurales en los sistemas de salud y justicia.
A casi dos décadas de los hechos, el caso de Ernestina Ascencio se consolida como un referente internacional sobre violencia sexual, tortura e impunidad, y como un recordatorio de las deudas históricas del Estado mexicano con las mujeres indígenas.
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