El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) desató controversia en el Congreso tras presentar una iniciativa que busca imponer sanciones penales y económicas a las mujeres que atribuyan de manera falsa la paternidad de un menor. La propuesta, presentada por el diputado Ernesto Núñez Aguilar, plantea penas de hasta cinco años de prisión y multas equivalentes a mil días de salario mínimo.
De acuerdo con el legislador, el objetivo es evitar que hombres sean obligados a cumplir obligaciones legales por hijos que no son suyos, en especial cuando no se les ha informado con veracidad sobre la paternidad.
«No se trata de criminalizar a las mujeres ni de vulnerar derechos de la infancia, sino de evitar abusos que afectan el patrimonio y la vida de personas inocentes», argumentó el diputado.
La iniciativa de decreto, que modificaría el Código Penal Federal, contempla sanciones contra quien registre o intente registrar como padre a un tercero que no tiene vínculo biológico con el menor. Además de la prisión y la multa, el afectado podría exigir el reembolso de los pagos realizados, bajo la figura de reparación del daño.
«Engaño paternal»: un concepto que genera divisiones
El PVEM justificó su propuesta con ejemplos de hombres que, sin saberlo, asumieron responsabilidades económicas y afectivas por hijos ajenos. La exposición de motivos incluye un estudio publicado hace nueve años en Journal of Medical Ethics, el cual concluyó que uno de cada cincuenta hombres en Reino Unido criaba a un hijo que no era biológicamente suyo.
«En México no hay cifras oficiales, pero sabemos que este tipo de casos existen y provocan daños importantes», indicó Núñez Aguilar. La propuesta sostiene que se debe proteger también el derecho del hombre a no ser engañado y a preservar su patrimonio, sin desproteger a los menores.
No obstante, organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos criticaron la iniciativa por considerarla regresiva. «Esto puede convertirse en una herramienta de persecución contra mujeres en situación vulnerable o sin recursos para realizar pruebas genéticas a tiempo», alertó la abogada Paula Soto, activista por los derechos de las madres solteras.
Debate abierto: ¿protección de derechos o criminalización de la maternidad?
Expertos en derecho familiar señalan que la iniciativa parte de un problema real, pero mal enfocado. «Existen mecanismos civiles, como la impugnación de paternidad, que permiten resolver estos casos sin necesidad de penalizar», afirmó el jurista David Ortiz.
«Tipificar penalmente esta conducta podría crear más conflictos que soluciones, además de ser difícil de probar en la práctica».
El PVEM ha insistido en que la iniciativa no busca interferir en la protección de derechos alimentarios ni en la obligación legal de garantizar el bienestar de los menores. Sin embargo, no se han dado a conocer cifras oficiales ni diagnósticos que respalden la magnitud del problema en el país.
La propuesta será turnada a comisiones para su análisis, pero ya generó reacciones encontradas dentro del Congreso. Diputados de Morena y del PRI calificaron la iniciativa como «innecesaria y punitivista», mientras que legisladores del PAN y de Movimiento Ciudadano se pronunciaron por revisar a fondo sus implicaciones legales y sociales.
Por ahora, el debate está abierto: ¿proteger a hombres de posibles abusos o evitar una nueva forma de criminalización de la maternidad? La discusión pone sobre la mesa tensiones vigentes en torno a la equidad de género, la verdad biológica y la justicia familiar.
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