La Legislatura de la Justicia Social de Quintana Roo aprobó la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, como parte del proceso de armonización para el arranque del nuevo Poder Judicial, que entrará en funciones el próximo 1 de septiembre. En esta fecha, además, rendirán protesta las personas juzgadoras electas a través de un proceso democrático considerado histórico por las autoridades locales y especialistas en derecho.
Reforma busca justicia más accesible y transparente
El nuevo marco legal, aprobado en sesión extraordinaria por las diputadas y diputados de la XVIII Legislatura, fortalece la autonomía del Poder Judicial, moderniza su estructura y establece mecanismos para una administración más eficiente, transparente y cercana a la ciudadanía. La reforma tiene como objetivo que la impartición de justicia no solo cumpla con los estándares legales, sino que también refleje las necesidades reales de las y los quintanarroenses.
Según explicaron los legisladores, la administración del Poder Judicial estará a cargo de un Órgano de Administración Judicial, mientras que la vigilancia y la disciplina recaerán en el Tribunal de Disciplina Judicial. Esto permitirá mayor control interno, eficiencia en la gestión de expedientes y seguimiento más riguroso de los casos, reduciendo retrasos y fortaleciendo la confianza de la población en las instituciones judiciales.
Impulso a la capacitación y autonomía de la Universidad Judicial
Como parte de esta reforma, también se aprobaron cambios a la Ley Orgánica de la Universidad Judicial, cuyo objetivo es reforzar su autonomía. Esta institución no solo imparte estudios de educación superior relacionados con el funcionamiento del sistema de justicia, sino que también capacita y certifica a las personas servidoras públicas y particulares que participan en los procesos judiciales.
La universidad se convierte así en un pilar esencial para garantizar la formación continua y especializada de quienes integran el sistema judicial en Quintana Roo.
Los legisladores destacaron que estas modificaciones permitirán crear un modelo de justicia más accesible, con profesionales altamente capacitados y mecanismos de control internos que aseguren la transparencia en todos los niveles del Poder Judicial. La meta, señalaron, es acercar la justicia al pueblo y brindar atención oportuna y confiable a quienes requieren la intervención de los tribunales.
La reforma ha sido recibida con expectativas positivas por parte de organizaciones civiles y expertos en derecho, quienes consideran que la medida podría marcar un precedente en la región al integrar la participación democrática en la elección de juzgadores y al establecer estándares de transparencia y eficiencia poco comunes hasta ahora en el estado.
Además, se espera que la implementación de esta Ley Orgánica y los cambios en la Universidad Judicial generen un efecto multiplicador: mejorando la profesionalización de jueces y funcionarios, optimizando la resolución de casos y fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales. La combinación de autonomía, capacitación y control interno representa, según los especialistas, un avance tangible hacia una justicia más cercana y confiable para todos los quintanarroenses.
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