La activista y buscadora de personas desaparecidas Teresa González Murillo se debate entre la vida y la muerte tras haber sido víctima de un intento de secuestro el pasado viernes 27 de marzo en su domicilio en la colonia San Marcos, en Guadalajara. El ataque ha generado consternación entre colectivos de búsqueda y activistas, quienes denuncian el clima de inseguridad y violencia que enfrentan en su labor por encontrar a sus familiares.
De acuerdo con el colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, al que pertenece González Murillo, un grupo de hombres armados irrumpió en su vivienda ubicada en las calles Monte la Luna y Progreso. Al resistirse al intento de secuestro, los agresores le dispararon, provocándole heridas de gravedad, entre ellas un impacto de bala en el cráneo, según versiones de medios locales como Notisistema. Teresa fue trasladada de urgencia a un hospital, donde permanece en estado crítico.
Una buscadora en peligro
Teresa, conocida como “Teresita” por sus compañeras, ha dedicado los últimos meses de su vida a la búsqueda de su hermano Jaime González Murillo, desaparecido desde el 2 de septiembre de 2024 en la colonia Centro de Guadalajara. La ficha de búsqueda detalla que Jaime tiene 40 años, vestía una playera blanca y bermuda beige al momento de su desaparición, y como señas particulares se señala un lunar en el abdomen y una cicatriz en el lado derecho de la cabeza.
Aún se desconoce si la agresión sufrida por Teresa está directamente vinculada con su labor como buscadora o con su rol como líder de comerciantes en el centro tapatío. Sin embargo, el colectivo Luz de Esperanza advirtió que este tipo de hechos evidencian el “contexto hostil” y de alto riesgo que enfrentan quienes, desde la sociedad civil, emprenden la búsqueda de sus seres queridos en un país marcado por la impunidad.
Exigen justicia y protección
“El intento de secuestro y la agresión armada contra Teresa no pueden quedar impunes. La búsqueda pacífica de nuestros parientes no debe significar un riesgo ni un motivo para provocar sufrimiento”, sentenció el colectivo en un comunicado difundido el 29 de marzo.
Organizaciones de derechos humanos, defensores del pueblo y otros colectivos han exigido a las autoridades locales y federales una pronta investigación de los hechos, la detención de los responsables y la garantía de protección a las familias buscadoras. Además, han solicitado al gobierno de Jalisco que reconozca públicamente el riesgo que corren quienes participan en labores humanitarias de búsqueda.
Este ataque se suma a la preocupante violencia que enfrentan las personas buscadoras en México, país que, de acuerdo con cifras oficiales, registra más de 110,000 personas desaparecidas y miles de fosas clandestinas aún sin investigar.
La comunidad de buscadoras en Jalisco y el resto del país se mantiene en alerta, pero también unida en su demanda de justicia y en la exigencia de condiciones seguras para continuar su labor, que debería ser protegida por el Estado y no convertirse en una sentencia de muerte.
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