La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicó el 3 de abril de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que reforma la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución. Esta modificación tiene como objetivo principal evitar que las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad interrumpan la aplicación de normas generales durante su revisión judicial.
Detalles de la reforma
La reforma establece que las controversias constitucionales relacionadas con normas generales no suspenderán su vigencia mientras sean evaluadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Además, declara improcedentes las acciones legales que busquen impugnar reformas o adiciones a la Constitución. Estas disposiciones entrarán en vigor con la toma de protesta de los nuevos ministros y ministras que resulten electos en la elección judicial programada para el 1 de septiembre de 2025.
El camino de las suspensiones
Durante el gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la SCJN otorgó diversas suspensiones que afectaron reformas promovidas por el gobierno federal. Por ejemplo, en marzo de 2023, se suspendió la reforma electoral conocida como «Plan B» tras una controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Asimismo, en 2022, se otorgó una suspensión contra un acuerdo presidencial que catalogaba ciertas obras y proyectos como de interés público y seguridad nacional, limitando el acceso a la información pública.
La implementación de esta reforma ha generado diversas opiniones. Algunos expertos consideran que busca garantizar la supremacía constitucional y evitar que las suspensiones judiciales interfieran con la aplicación de normas esenciales para el desarrollo del país. Sin embargo, críticos advierten que podría limitar el control judicial sobre las acciones del gobierno y afectar la independencia del poder judicial.
La reforma forma parte de un conjunto más amplio de modificaciones al sistema judicial mexicano, que incluyen la elección popular de jueces y magistrados, así como la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial encargado de supervisar y sancionar a miembros del poder judicial.
La implementación de estas reformas marcará un hito en la historia judicial del país, transformando la estructura y funcionamiento del poder judicial en México.
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