México ha paralizado temporalmente la importación de combustibles a través de su frontera con Texas, como parte de una estrategia del gobierno federal para combatir el contrabando fiscal, también conocido como ‘huachicol’ financiero.
La medida ha impactado directamente a empresas distribuidoras y podría generar efectos en la cadena de suministro energética del país.
De acuerdo con un reporte de Bloomberg firmado por Nathan Risser y Scott Squires, el paso fronterizo para camiones que transportan gasolina, diésel y otros productos petrolíferos lleva cerrado dos semanas. Fuentes del sector citadas bajo anonimato aseguran que sus operaciones “se secaron de la noche a la mañana” debido a la caída de la demanda provocada por las inspecciones intensificadas.
Según datos oficiales de EE. UU., México fue en enero el mayor comprador de productos petrolíferos estadounidenses, con 1.15 millones de barriles diarios. De ese total, 470 mil barriles fueron de gasolina terminada y 237 mil de diésel. Cifras que ahora enfrentan un freno inédito por medidas del gobierno mexicano.
Golpe al contrabando fiscal y revisión a fondo de importaciones
Esta decisión se produce en un contexto más amplio de acciones contra operaciones irregulares en el sector energético. El 31 de marzo, el gobierno federal decomisó 10 millones de litros de diésel que habían sido registrados falsamente como aditivos para aceites en el puerto de Tampico, Tamaulipas.
Ese decomiso llevó a la Fiscalía General de la República (FGR) a abrir una investigación que involucra tanto a funcionarios aduanales como a varias agencias navieras. El buque cisterna Challenge Procyon, con bandera de Singapur, es uno de los principales involucrados.
“Toda la documentación aduanal está falseada”, declaró el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien señaló que el tipo y la cantidad de combustible transportado no coincidían con lo declarado oficialmente.
Las investigaciones apuntan a siete agencias navieras: Rovesa, Vismar Ship Supplier, MCIS, Naval Mexicana, Nautilus Agency, Altamarítima y Mexshipping Agency. Las autoridades buscan deslindar responsabilidades en la presunta red de importación fraudulenta.
Además, Bloomberg reveló que la semana pasada el Servicio de Administración Tributaria (SAT) suspendió temporalmente el permiso de importación de la empresa Valero Energy Corp., tras detectar irregularidades en su documentación. Una fuente cercana al caso señaló que se trató de papeleo falsificado por parte de importadores ilegales capturados en operativos recientes.
Aunque el gobierno mexicano no ha emitido una declaración formal sobre la duración de esta suspensión fronteriza, el impacto ya se siente entre distribuidores privados que dependen de la importación vía terrestre para abastecer gasolineras y centros industriales.
Antecedentes: un sector marcado por irregularidades
Las importaciones de combustibles en México han estado bajo la lupa desde que se abrió el sector energético a la inversión privada en 2013. Aunque inicialmente esto permitió mayor competencia y diversidad en la oferta, también abrió grietas que fueron aprovechadas por empresas para realizar operaciones fiscales dudosas.
Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se implementaron mayores controles aduaneros y medidas contra el huachicol, centradas inicialmente en el robo de combustibles en ductos de Pemex. Sin embargo, el contrabando fiscal —donde se subdeclara o se falsifica el contenido de las importaciones para evitar impuestos— se convirtió en una nueva prioridad para las autoridades.
En ese marco, la actual administración ha endurecido las revisiones fronterizas, las auditorías y las suspensiones de permisos a empresas sospechosas. Aunque estas acciones buscan frenar una fuga multimillonaria de recursos, también afectan a empresas legítimas y podrían derivar en tensiones diplomáticas y comerciales, particularmente con EE. UU.
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