La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, confirmó que un juez federal negó el amparo solicitado por la empresa Aguakan para frenar el decreto 195, mediante el cual se anuló el contrato de concesión del servicio de agua potable en cuatro municipios del norte del estado: Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen.
La mandataria señaló que el juez reconoció la validez del decreto legislativo aprobado en diciembre de 2023, con base en irregularidades comprobadas en la prestación del servicio, así como en la protección de los derechos humanos al agua, la salud y el medio ambiente.
“Este fallo nos da la razón. Seguimos avanzando en este derecho humano que tienen los quintanarroenses, y lo vamos a defender a capa y espada”, aseguró Lezama en su programa La Voz del Pueblo.
El fallo no es definitivo: Aguakan puede apelar
Pese al revés legal, Aguakan aún puede interponer un recurso de revisión en los próximos 10 días hábiles contados a partir del 17 de abril. La concesionaria no logró demostrar la ilegalidad del decreto 195, argumento con el cual intentó conservar la concesión otorgada originalmente en condiciones cuestionadas por las autoridades estatales y municipales.
El juez también señaló que la empresa incumplió con diversos puntos del contrato, como el abandono de zonas completas sin acceso adecuado al servicio de agua potable, lo que agrava el argumento de fondo del decreto de revocación.
Denuncias penales por fraude procesal
En paralelo al litigio administrativo, el Gobierno del Estado interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto fraude procesal. Se acusa a Aguakan de presentar argumentos falsos en su juicio de amparo, entre ellos, que el Congreso local no tenía facultades para anular la concesión.
Sin embargo, el gobierno estatal argumenta que la ampliación de dicha concesión no fue sometida a licitación pública, como lo exige la Ley de Municipios cuando una concesión se extiende más allá del período de una administración municipal o territorialmente hacia otros municipios.
Respaldo ciudadano: Consulta pública de 2021
El decreto también se sustenta en la consulta popular del 5 de junio de 2021, en la que la mayoría de los ciudadanos de los municipios involucrados votaron en contra de la permanencia de Aguakan.
- Benito Juárez: 157,759 votaron “No”, frente a 69,893 que votaron “Sí”, con una participación de 36.79%.
- Isla Mujeres: 5,880 votos “No”, 3,806 votos “Sí”; participación de 44.96%.
- Puerto Morelos: 5,947 “No” contra 3,647 “Sí”; participación de 44.96%.
- Playa del Carmen: 51,417 “No”, 11,269 “Sí”, aunque con un 28.02% de participación, por lo que el resultado no fue jurídicamente vinculante.
Un paso más hacia la soberanía hídrica
Mara Lezama afirmó que su administración continuará los pasos legales necesarios para hacer efectiva la revocación de la concesión, en defensa del derecho del pueblo a un servicio público digno y transparente. La mandataria enfatizó que el agua no puede estar sujeta a intereses privados que prioricen la ganancia sobre el bienestar social.
El caso Aguakan se ha convertido en un emblema de la lucha por la soberanía hídrica en Quintana Roo, donde miles de ciudadanos y colectivos han denunciado por años cobros excesivos, cortes irregulares y fallas en el suministro.
La resolución judicial de este proceso podría marcar un precedente nacional sobre el control ciudadano y gubernamental sobre los recursos estratégicos, en un contexto donde cada vez más voces piden que el agua vuelva a manos públicas.
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