El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de más de 4,000 efectivos militares en Los Ángeles para contener las protestas derivadas de redadas migratorias. Lo hizo sin el consentimiento del gobernador de California, Gavin Newsom, ni de la alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, ambos demócratas. Este movimiento revive un conflicto legal y político que no se veía en EE. UU. desde hace seis décadas.
Un recurso presidencial polémico y con antecedentes históricos
La última vez que un presidente federalizó el control de la Guardia Nacional sin autorización estatal fue en 1965, cuando Lyndon B. Johnson actuó para proteger a los manifestantes por los derechos civiles en Alabama. En 1992, George H.W. Bush también recurrió a la Guardia Nacional, pero entonces lo hizo con respaldo local, en respuesta a los disturbios por el caso Rodney King. En aquella ocasión, los disturbios dejaron más de 60 muertos y miles de heridos y daños materiales. La situación de hoy, aunque diferente en naturaleza, se conecta con una larga historia de tensiones entre el gobierno federal y los estados.
El despliegue actual rompe con los procedimientos típicos, en los que los propios gobernadores solicitan apoyo de la Guardia Nacional. Así ocurrió en 2020 cuando las protestas por la muerte de George Floyd obligaron a más de veinte gobernadores a movilizar unidades para preservar el orden.
Trump, al justificar su decisión, declaró que actuó para evitar que Los Ángeles fuera “reducida a cenizas”. No invocó formalmente la Ley de Insurrección, pero dejó abierta esa posibilidad: “Dependerá de si hay o no una insurrección”, afirmó el domingo.
¿Qué es la Ley de Insurrección y por qué preocupa?
La Ley de Insurrección, promulgada en 1807, permite al presidente de EE. UU. desplegar al Ejército para sofocar rebeliones o disturbios civiles cuando las autoridades locales no pueden mantener el orden. Aunque está diseñada como último recurso, ha sido usada en momentos históricos clave.
Su activación implica una transferencia de poder sustancial desde los gobiernos estatales al federal, lo cual genera polémica, especialmente cuando se usa sin el aval del estado afectado. En este caso, el gobierno californiano considera que Trump abusó de esa autoridad, por lo que este lunes presentó una demanda federal. Según sus argumentos, el presidente violó la Décima Enmienda de la Constitución y actuó sin base legal, ya que las protestas eran, en su mayoría, pacíficas y controladas.
Newsom también denunció las condiciones precarias en las que se encuentran los efectivos desplegados, compartiendo en redes sociales imágenes de soldados durmiendo hacinados. A pesar de eso, la Casa Blanca anunció el envío de otros 2,000 efectivos adicionales.
El escenario abre una nueva batalla judicial y política sobre los límites del poder presidencial en tiempos de tensión social. Mientras tanto, las calles de Los Ángeles siguen bajo vigilancia militar, en medio de una calma tensa.
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