Un nuevo caso de feminicidio infantil ha estremecido a Cancún, donde una menor de 10 años fue asesinada presuntamente por su padrastro en la Región 93. La Fiscalía de Quintana Roo confirmó la detención del sospechoso, mientras la gobernadora Mara Lezama aseguró que no habrá impunidad y que caerá “todo el peso de la ley”.
El crimen fue abordado este jueves durante la transmisión del programa oficial “La Voz del Pueblo”, donde la mandataria calificó el hecho como un acto “cruel y ruin”, prometiendo “cero tolerancia” ante estos delitos.
“Está detenido. Y se llevará el proceso… le caerá todo el peso de la ley. Porque ella no va a regresar”, expresó.
Sin embargo, el caso reabre una discusión pendiente en la entidad: la violencia intrafamiliar, las fallas en los sistemas de protección a la infancia y la falta de mecanismos de prevención en zonas de alta vulnerabilidad como la Región 93, donde ocurrió el crimen.
Llamado oficial, realidad contrastante
Durante su mensaje, Lezama llamó a la ciudadanía a estar alerta ante comportamientos sospechosos y a denunciar cualquier forma de violencia o delito, incluso mencionando posibles redes de pornografía infantil que podrían operar en entornos urbanos. Sin embargo, activistas consultadas por El Financiero han advertido que, sin protocolos comunitarios claros ni rutas accesibles de denuncia, estos llamados suelen quedarse en el discurso.
Seguridad, infraestructura… y un elefante blanco
La gobernadora también aprovechó el espacio para presumir avances en materia de seguridad, como la operación del C5, adquisición de patrullas y aumento salarial a policías. No obstante, el feminicidio infantil —en el entorno doméstico y con antecedentes de violencia no atendidos— revela que el problema no es sólo de infraestructura, sino de prevención fallida.
Además, anunció la rehabilitación del Auditorio del Bienestar, abandonado durante años, y defendió los proyectos de infraestructura como parte del “Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo”. Este anuncio coincidió con elogios a la alianza con el INFONAVIT para obtener más viviendas sociales, aunque sigue pendiente la atención a asentamientos irregulares y zonas sin acceso a servicios básicos.
Turismo en auge, justicia en pausa
Mientras el crimen genera conmoción en Cancún, el gobierno estatal también celebró el arranque de la temporada alta de verano, con una proyección de más de 2 millones de turistas y una derrama económica de 2 mil millones de pesos. No obstante, organizaciones civiles han criticado que la narrativa de éxito turístico a menudo invisibiliza las crisis sociales paralelas que vive el estado.
La próxima audiencia pública será el 29 de julio en Bacalar. Por ahora, la ciudadanía espera que las palabras “cero impunidad” no se desvanezcan con el paso de los días.
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