El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a colocarse en el centro de la polémica regional al afirmar que Nicolás Maduro es un dictador, pero no un narcotraficante. El mandatario colombiano aseguró que no existe evidencia en su país que vincule al presidente de Venezuela con el Cártel de Los Soles, como sostiene el gobierno de Estados Unidos. Sus declaraciones reavivan el debate sobre la crisis venezolana, las acusaciones internacionales contra Caracas y la postura ambigua de Petro frente a gobiernos autoritarios de la región.
Petro hizo estas declaraciones a través de su cuenta de X, donde señaló que Maduro “es dictador por concentrar poderes”, pero negó que haya pruebas que lo vinculen directamente con el narcotráfico. Según el presidente colombiano, la narrativa que acusa a Maduro de liderar una estructura criminal es impulsada desde Washington y no cuenta con sustento comprobable en Colombia.
La postura del mandatario colombiano surgió como respuesta a un cuestionamiento público de la periodista Ángela Patricia Janiot, quien lo criticó por llamar nazi y fascista a líderes de derecha, mientras —según ella— evita calificar a Maduro como “narcodictador y usurpador del poder”. Petro respondió de forma directa, reiterando que su señalamiento hacia el gobierno venezolano se limita al carácter autoritario del régimen, no a delitos vinculados con el narcotráfico.
Estados Unidos ha sostenido durante años que Nicolás Maduro encabeza el llamado Cártel de Los Soles, al que ha clasificado como una organización terrorista. El gobierno venezolano ha rechazado de manera categórica estas acusaciones y las considera parte de una estrategia de presión política e intervención. Petro, considerado uno de los principales aliados regionales de Caracas, se ha alineado en este punto con la defensa venezolana.
En ese contexto, el presidente colombiano propuso recientemente la conformación de un “gobierno de transición compartido” en Venezuela. La iniciativa, según explicó, busca abrir una salida política a la crisis institucional, económica y social que atraviesa el país, así como evitar una intervención extranjera. Esta propuesta fue planteada semanas después del despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe, operación que Washington justificó como un esfuerzo para combatir el narcotráfico.
Choque ideológico y tensiones con Chile
Las declaraciones de Petro sobre Maduro contrastan con su discurso frente a otros líderes de la región. Tras el triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial en Chile, el mandatario colombiano lanzó duras críticas contra el político de ultraderecha. Afirmó que en América Latina “vienen los vientos de la muerte” y aseguró que jamás estrecharía la mano “a un nazi y a un hijo de nazi”.
Estas expresiones provocaron una nota diplomática de protesta por parte del gobierno chileno, encabezado por Gabriel Boric. Pese a ello, Petro mantuvo su postura y volvió a calificar a Kast como nazi, insistiendo en que su llegada al poder no representa un avance de la derecha tradicional, sino de la extrema derecha en la región.
En un nuevo mensaje publicado en X, el presidente colombiano sostuvo que lo ocurrido en Chile es el triunfo de un proyecto que calificó como fascista. Afirmó que estos movimientos “desatan genocidios y no se arrepienten”, elevando aún más el tono de la confrontación política y diplomática.
Las posiciones de Petro evidencian una línea discursiva que distingue entre autoritarismo de izquierda y extremismo de derecha, una distinción que ha generado críticas tanto dentro como fuera de Colombia. Mientras reconoce abiertamente el carácter dictatorial del gobierno de Maduro, rechaza las acusaciones penales internacionales en su contra y centra sus ataques más duros en figuras conservadoras del continente.
El debate no es menor. Las palabras del presidente colombiano tienen impacto en la política regional, en la relación con Estados Unidos y en los intentos por construir consensos sobre la crisis venezolana. Petro apuesta por una solución política negociada, aunque su defensa parcial de Maduro complica su papel como mediador creíble ante sectores que exigen sanciones y presión internacional.
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