Una diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentó una iniciativa para despenalizar la muerte asistida en México, dirigida a personas mayores de 18 años que la soliciten de manera expresa y por escrito. La propuesta define la muerte asistida como la “terminación intencional de la vida”, practicada únicamente por personal médico autorizado, mediante eutanasia o suicidio asistido, bajo estrictos lineamientos de la Secretaría de Salud.
La iniciativa reforma y adiciona disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, estableciendo que la muerte asistida “podrá practicarse sin que ello constituya delito o dé lugar a acción civil por daños y perjuicios”. El Comité de Bioética deberá validar la solicitud, evaluando la aptitud del paciente y la procedencia del procedimiento, asegurando que se cumplan los tiempos de reflexión y los requisitos legales y médicos correspondientes.
El proyecto también contempla el derecho de los médicos a objetar conciencia; en caso de negarse a realizar el procedimiento, la institución de salud deberá designar a otro profesional no objetor para ejecutar la muerte asistida, cumpliendo estrictamente con la normativa emitida por la Secretaría de Salud. La iniciativa subraya que la eutanasia implica la intervención directa del médico para terminar con la vida del paciente, mientras que el suicidio asistido se realiza mediante la entrega de los medios para que el propio paciente ejecute el acto, siempre con aprobación de la autoridad competente.
Opinión pública y contexto internacional
La propuesta llega en un contexto de creciente debate social. Según la Segunda Encuesta Nacional de Opinión sobre el derecho a morir con dignidad 2022, el 68.6% de los encuestados considera que las personas en fase terminal con sufrimiento irreversible deberían poder adelantar su muerte. De estos, el 57.7% apoyó que el médico proporcione las sustancias letales para que el paciente se administre el procedimiento, y el 72.7% opinó que las leyes deben modificarse para permitir este derecho.
A nivel mundial, pocos países regulan la muerte asistida mediante legislación. Entre ellos se encuentran Suiza, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, España, Italia, Austria, Alemania, Australia y Nueva Zelanda. En América, Colombia y Ecuador han permitido la eutanasia mediante resoluciones judiciales, aunque no mediante leyes específicas. La diputada Poob Pijy Jiménez Vásquez señala que la regulación clara y estricta en México permitiría garantizar seguridad jurídica para médicos y pacientes, evitando interpretaciones arbitrarias y abusos potenciales.
El proyecto también establece mecanismos de seguimiento y control de la práctica, asegurando que solo se realice en casos documentados y con consentimiento informado. Expertos en bioética destacan que la legislación sobre muerte asistida no solo responde a derechos individuales, sino que también protege la integridad del sistema de salud y evita prácticas clandestinas o mal supervisadas.
El debate legislativo promete ser intenso, ya que enfrenta visiones éticas, religiosas y médicas divergentes. Sin embargo, el enfoque de la iniciativa busca equilibrar la autonomía del paciente con la responsabilidad profesional del personal médico, dejando claro que la práctica solo podrá ejecutarse bajo estricta regulación estatal.
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