El boxeador Julio César Chávez Jr., detenido en Estados Unidos el pasado 3 de julio por permanecer ilegalmente en el país y señalado como una amenaza a la seguridad nacional, enfrenta además una orden de aprehensión vigente en México, según reveló la Fiscalía General de la República (FGR).
La FGR ha informado que Chávez Jr. ha presentado al menos cinco amparos en México para evitar su detención en cuanto sea deportado. Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, explicó en conferencia de prensa que los abogados del pugilista buscan ponerlo en libertad inmediata, aunque hasta ahora estos recursos legales han sido negados por no proceder, ya que la FGR aún no tiene al boxeador bajo su custodia.
El gobierno estadounidense también ha ligado a Chávez Jr. con el Cártel de Sinaloa, señalando una posible colaboración con Néstor Ernesto Pérez Salas, alias “El Nini”, capo de dicha organización criminal. Según reportes, Chávez Jr. habría actuado como colaborador en actos violentos, incluso golpeando a subordinados “como costales de box”, según información difundida por el diario Reforma.
Gertz Manero señaló que México ha intentado detener a Chávez Jr. desde 2023, pero no pudo consumar la aprehensión debido a que el boxeador reside en Estados Unidos y ha intentado obtener la residencia permanente en ese país.
“Se estableció y se casó en los Estados Unidos, actuaba libre y absolutamente en territorio americano mientras nosotros hemos estado haciendo desde esa fecha hasta hoy el requerimiento para que nos lo entreguen”, declaró el funcionario.
FGR rechaza amparos mientras crece presión por su extradición
Pese a su situación irregular en EE. UU., Chávez Jr. pudo pelear el 28 de junio pasado contra el estadounidense Jake Paul, perdiendo por decisión unánime en el Honda Center de Anaheim, California. El hecho de que haya subido al ring, pese a su estatus migratorio y las acusaciones en su contra, generó críticas sobre la falta de coordinación entre agencias estadounidenses.
La defensa de Chávez Jr. ha insistido en que su cliente no representa un riesgo, y que su actividad como deportista profesional debería ser considerada como parte de una vida pública legítima. Sin embargo, tanto las autoridades mexicanas como las estadounidenses han mantenido una postura firme respecto a su relación con el crimen organizado.
La FGR considera que los intentos legales de su equipo son maniobras dilatorias para evitar su detención inmediata. Según explicó Gertz Manero, los amparos han sido rechazados debido a que el boxeador aún no ha sido entregado a las autoridades mexicanas, por lo que no procede protección judicial en ese contexto.
Chávez Jr., hijo del legendario campeón Julio César Chávez, ha protagonizado múltiples escándalos a lo largo de su carrera, incluyendo ausencias prolongadas del ring, consumo de sustancias prohibidas y episodios de salud mental que él mismo ha reconocido en entrevistas.
Ahora, su nombre se ve envuelto en un caso que va más allá del deporte y que podría desembocar en cargos por delincuencia organizada.
El proceso de deportación desde Estados Unidos sigue su curso
Mientras tanto, en México, la FGR ya tiene lista la orden de aprehensión para que se ejecute en cuanto Chávez Jr. pise territorio nacional. La atención mediática sobre el caso ha aumentado, y no se descarta que se convierta en un tema de interés político y diplomático entre ambos países.
Expertos en derecho penal internacional han señalado que, si bien la deportación por motivos migratorios es distinta a la extradición, la existencia de una orden de aprehensión vigente en México podría facilitar la entrega directa del detenido, sin necesidad de un juicio de extradición formal. Aun así, el tiempo que permanezca bajo custodia de ICE será clave.
Por otro lado, analistas en seguridad apuntan a que este caso podría abrir una nueva línea de investigación sobre la relación entre figuras del deporte y estructuras del crimen organizado. Aunque no hay pruebas concluyentes aún, la posible colaboración con “El Nini” pondría a Chávez Jr. en una posición judicial mucho más delicada de lo previsto.
La opinión pública también se ha dividido. Mientras algunos defienden al boxeador bajo el argumento de que está siendo utilizado como “cortina de humo”, otros insisten en que debe enfrentar la justicia como cualquier otro ciudadano. El apellido Chávez, por ahora, vuelve a estar en el centro del escándalo.
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