El caso de presuntos sobornos en Petróleos Mexicanos (Pemex) ha cruzado fronteras y llegó a las oficinas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que pidió información detallada sobre al menos cuatro contratos celebrados por la empresa estatal. La investigación, confirmada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, apunta a un esquema de corrupción que involucra a compañías mexicanas y extranjeras con operaciones en el sector energético. El asunto no solo revive viejas sospechas sobre la administración de Enrique Peña Nieto, sino que también genera presión política para la presidenta Claudia Sheinbaum en medio de su primer informe de gobierno.
Detalles de los contratos investigados
De acuerdo con los reportes oficiales, dos de los contratos cuestionados se firmaron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Otro contrato fue cancelado de forma anticipada entre 2020 y 2021, ya bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El cuarto, fechado en 2020, nunca llegó a concretarse, aunque sí hubo gestiones que ahora son revisadas por las autoridades estadounidenses.
El Departamento de Justicia busca determinar si hubo pagos ilegales de parte de empresas proveedoras a funcionarios de Pemex para obtener ventajas en la asignación de proyectos. El interés de Washington no es casual: parte del dinero sospechoso pudo haber circulado en bancos de EE. UU., lo que activa sus mecanismos de investigación contra el lavado de dinero y la corrupción transnacional.
Funcionarios federales en México han guardado silencio sobre el nombre de las compañías implicadas, bajo el argumento de que revelar esa información podría entorpecer la cooperación judicial. Sin embargo, se sabe que al menos dos de ellas tienen vínculos con el sector energético privado y habrían buscado contratos millonarios en exploración y transporte de hidrocarburos.
Implicaciones políticas y económicas
El tema cae en un momento delicado. Por un lado, Sheinbaum intenta mostrar que su gobierno es distinto al de sus antecesores y que no tolerará la corrupción. Por otro, la presión internacional obliga a abrir los archivos de Pemex, una empresa que ya arrastra problemas financieros y de credibilidad.
“Estados Unidos no suelta estas investigaciones porque sabe que Pemex es una pieza clave de la economía mexicana”, explicó un analista consultado por medios locales. “El riesgo no es solo reputacional, también puede afectar la relación con inversionistas y con los mercados de deuda”.
En paralelo, la Fiscalía General de la República mantiene abiertas al menos tres carpetas relacionadas con contratos de Pemex en la última década. Aunque las autoridades mexicanas insisten en que se colabora con Washington, hasta ahora no se han anunciado imputaciones formales contra funcionarios o exfuncionarios.
La presidenta Sheinbaum ha evitado pronunciarse de manera directa, pero en su conferencia matutina aseguró que “México colaborará plenamente con todas las instancias internacionales en el combate a la corrupción”. Sus palabras buscan enviar un mensaje de confianza, aunque en la práctica el caso podría complicar la agenda de inversión y el discurso de estabilidad institucional.
Un caso que podría escalar
El expediente apenas comienza. Las investigaciones de EE. UU. suelen extenderse durante años y en ocasiones terminan en sanciones millonarias contra las empresas involucradas. Si se confirma que hubo sobornos, el costo para Pemex sería alto: mayor presión financiera, pérdida de confianza internacional y posibles restricciones para acceder a financiamiento.
Mientras tanto, la opinión pública mexicana exige transparencia y castigo a los responsables. La sombra de Odebrecht aún persiste en la memoria colectiva, y este nuevo capítulo amenaza con convertirse en otro escándalo de proporciones internacionales.
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