La alcaldesa Martha Laura Mendoza, del partido Morena, fue asesinada a balazos este martes junto con su esposo al salir de su domicilio, en un ataque directo ocurrido en el municipio de Tepalcatepec, estado de Michoacán, una de las regiones más golpeadas por la violencia del crimen organizado en México.
La noticia fue confirmada en la red social X por el exalcalde y dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia, quien escribió: “Me confirman que acaban de asesinar a la presidenta municipal de Tepalcatepec, fue un ataque directo a ella y a su esposo al salir de su domicilio”.
Este crimen se suma a una preocupante ola de violencia contra funcionarios públicos, y ocurre apenas dos días después del asesinato de Lilia García, alcaldesa del municipio de San Mateo Piñas, Oaxaca, quien fue ultimada por hombres armados dentro del palacio de gobierno local.
Michoacán, tierra asediada
Michoacán, conocido por ser el mayor productor de aguacate del país, sede del puerto comercial de Lázaro Cárdenas y un destino con valiosos recursos turísticos y naturales, también es una de las entidades más afectadas por la presencia de grupos delictivos, que disputan territorios, rutas de tráfico y control político a nivel municipal.
Desde hace casi dos décadas, la entidad ha sido escenario de enfrentamientos armados, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos y amenazas constantes a autoridades locales, muchas veces incapaces de ejercer su cargo sin protección del Estado.
El asesinato de Martha Laura Mendoza es parte de un patrón creciente de violencia política que ha dejado decenas de alcaldes, exalcaldes, candidatos y funcionarios muertos en los últimos años. El fenómeno se ha extendido incluso a zonas consideradas de alta seguridad, como la Ciudad de México, donde recientemente dos colaboradores cercanos a la jefa de gobierno Clara Brugada fueron asesinados en plena vía pública.
La violencia política en México se ha intensificado tras el proceso electoral más reciente, y forma parte de un contexto más amplio de crisis de seguridad. Desde que en 2006 el gobierno federal lanzó un operativo antidrogas militarizado, el país ha acumulado más de 480,000 homicidios dolosos, una cifra que refleja el costo humano de una estrategia de seguridad que muchos analistas consideran fallida.
Impunidad y desprotección
Los ataques contra alcaldes, especialmente en zonas rurales, suelen quedar impunes y reflejan la fragilidad de las instituciones locales, que a menudo enfrentan el crimen organizado sin recursos ni respaldo suficiente. La vida de muchos ediles transcurre entre amenazas, extorsiones, y el dilema de colaborar con el narco o enfrentarlo a costa de su vida.
El asesinato de Martha Laura Mendoza vuelve a encender las alarmas sobre la necesidad urgente de redefinir la estrategia nacional de seguridad, fortalecer la protección a autoridades locales y garantizar el ejercicio pleno de los cargos públicos en todos los rincones del país. Mientras tanto, la violencia sigue cobrando víctimas en los niveles más cercanos a la ciudadanía.
También te puede interesar: Procesan por violación a sacerdote de los Legionarios de Cristo en el Estado de México
