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    FGR obtiene sentencia de más de 10 años de prisión contra Natalia «L» por delitos federales en Tijuana

    La Fiscalía General de la República (FGR) logró una sentencia condenatoria de 10 años, 10 meses y 10 días de prisión contra Natalia «L», por su responsabilidad en delitos relacionados con armas de fuego, cartuchos de uso exclusivo del Ejército y posesión de drogas.

    Según informó la FGR a través de un comunicado oficial, Natalia fue detenida en marzo de 2023 por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, en un operativo realizado en la ciudad de Tijuana.

    Durante su detención, a Natalia “L” se le aseguró un arma de fuego, cargadores y cartuchos de diversos calibres, así como una cantidad significativa de clorhidrato de metanfetamina, un potente estimulante del sistema nervioso central clasificado como psicotrópico por la Ley General de Salud. Este tipo de sustancia representa un grave problema de salud pública debido a su alto potencial adictivo.

    El caso fue turnado al Ministerio Público Federal (MPF), que presentó pruebas sólidas ante el juez competente. Tras valorar los elementos aportados por la Fiscalía, la autoridad judicial dictó la sentencia condenatoria correspondiente.

    Compromiso de la FGR con la justicia

    La Fiscalía General de la República reiteró su compromiso con la procuración de justicia en México. Como órgano autónomo, la FGR tiene la responsabilidad de investigar delitos federales y garantizar que los responsables sean sancionados conforme a la ley, evitando que hechos como estos queden impunes.

    La institución destacó que trabaja con base en principios de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia y respeto a los derechos humanos, e incorpora enfoques de género, interculturalidad y accesibilidad para asegurar una justicia inclusiva y equitativa.

    Asimismo, la FGR enfatizó la importancia de estas acciones en la prevención del delito, así como en la promoción de la reparación integral del daño y la garantía de no repetición, pilares fundamentales para el fortalecimiento del Estado de derecho en el país.

    Con esta sentencia, se reafirma la postura de cero tolerancia frente a delitos que afectan la seguridad pública, especialmente aquellos vinculados con el uso ilegal de armas y el narcotráfico.

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