En una acción coordinada contra el contrabando de hidrocarburos, elementos de la Guardia Nacional (GN) aseguraron dos pipas con aproximadamente 30 mil litros de combustible de presunta procedencia ilegal en el municipio fronterizo de Piedras Negras, Coahuila. Las unidades, pertenecientes a la empresa Skyline TG, ingresaron al país desde Eagle Pass, Texas, a través del Puente Internacional Dos, sin contar con la documentación que acreditara la legalidad del cargamento.
Durante la inspección de rutina, los conductores no pudieron comprobar la legal importación del hidrocarburo, lo que generó sospechas sobre su origen. Ambos operadores manifestaron que el combustible fue adquirido en Estados Unidos a un menor costo y tenía como destino final el Estado de México, donde presuntamente sería comercializado.
Las pipas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Piedras Negras, que abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades. Los conductores también fueron presentados ante las autoridades correspondientes para definir su situación legal.
Este decomiso se suma a una creciente serie de operativos enfocados en frenar el contrabando de combustibles conocido como huachicol fiscal, una modalidad en la que hidrocarburos son introducidos o reintroducidos al país eludiendo impuestos, mediante prácticas de simulación, triangulación o falsificación documental.
Autoridades mexicanas han advertido que esta práctica representa pérdidas millonarias para el erario público, además de estar vinculada a redes de crimen organizado y corrupción aduanera.
Hacienda y la Secretaría Anticorrupción endurecen controles
La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, calificó el huachicol fiscal como un asunto de seguridad nacional, al señalar que impacta no solo la recaudación fiscal, sino la competencia leal del sector energético.
“Estamos fortaleciendo la supervisión en las aduanas, revisando quién importa, cómo lo hace y en qué condiciones. Hay empresas que simulan operaciones o triangulan productos para evadir impuestos”, declaró Buenrostro.
En ese sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha implementado una estrategia integral que incluye:
- Revisión estricta de permisos de importación.
- Trazabilidad y geolocalización de cadenas logísticas.
- Colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas para desmantelar las estructuras criminales.
Buenrostro también hizo un llamado al sector privado para que se sume al combate del huachicol fiscal, al advertir que esta práctica representa una competencia desleal para las empresas que cumplen con la ley.
“Necesitamos del compromiso de las empresas formales. Si no cerramos filas, los evasores seguirán destruyendo los cimientos de la economía legal”, subrayó.
Un golpe económico a las redes ilegales
La incautación de las dos pipas en Coahuila representa una afectación económica considerable para las redes de contrabando, según señaló el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, quien estimó que los 30 mil litros asegurados significan un golpe de millones de pesos en pérdidas para la delincuencia organizada.
Este operativo refuerza la narrativa del gobierno federal sobre la urgencia de contener el contrabando de hidrocarburos, tanto por su impacto económico como por su estrecha conexión con organizaciones criminales y lavado de dinero.
Con estos esfuerzos, las autoridades buscan cerrar el paso al contrabando sistemático de combustibles, garantizar el cumplimiento fiscal, y proteger a los consumidores de un mercado manipulado por redes ilícitas.
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