Nueve personas fueron asesinadas y cinco más resultaron heridas tras un ataque armado la madrugada del lunes 7 de abril en la clínica de rehabilitación «Shaddai», ubicada en la colonia Colinas de San Miguel, en Culiacán, Sinaloa. Además, se reportó la desaparición del director del centro, Guillermo Rodríguez, quien presuntamente fue privado de su libertad durante el asalto.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el ataque ocurrió alrededor de las 2:00 a.m., cuando un comando irrumpió en las instalaciones y disparó contra los presentes. Ocho personas murieron en el lugar. Una más perdió la vida mientras era trasladada a un hospital.
En conferencia de prensa, el gobernador Rubén Rocha Moya informó que los agresores interrogaron a los internos antes de abrir fuego. Preguntaron si pertenecían a algún grupo criminal. Después, dispararon de forma indiscriminada.
El mandatario estatal explicó que la Fiscalía General del Estado ya abrió una carpeta de investigación. También se notificó a la Fiscalía General de la República ante la posibilidad de delitos federales. Hasta ahora, no hay personas detenidas por estos hechos.
La desaparición de Guillermo Rodríguez ha causado alarma, especialmente porque la Fiscalía estatal no ha emitido una ficha de búsqueda oficial. Han pasado más de 20 horas desde el ataque sin avances públicos. Esta omisión refuerza la percepción de impunidad en casos de violencia extrema.
Ataques a centros de rehabilitación, una constante preocupante
El ataque a la clínica «Shaddai» es el séptimo incidente violento registrado contra centros de rehabilitación en Sinaloa. A pesar de ello, este establecimiento sí contaba con registro oficial, al igual que otros 102 centros reconocidos por el estado. En contraste, existen al menos 154 clínicas que operan sin estar registradas ante las autoridades sanitarias.
Estos centros, al no contar con vigilancia ni regulación, se convierten en blancos fáciles para el crimen organizado. En muchos casos, se cree que sirven como refugio para exmiembros de grupos delictivos o personas que buscan salir de ese entorno. Por ello, han sido blanco de represalias.
La noche anterior al ataque y durante la madrugada del lunes, también se reportó la quema de dos camiones de basura en distintos puntos de Culiacán. Aunque las autoridades no han confirmado una relación directa entre ambos eventos, las investigaciones continúan abiertas.
Hechos similares han ocurrido en otras partes del país. En 2020, en Irapuato, Guanajuato, un comando armado asesinó a 27 personas en un centro de rehabilitación. Casos como ese y el de Sinaloa muestran una preocupante tendencia de violencia contra espacios que deberían representar esperanza y recuperación.
Sinaloa, bastión histórico del narcotráfico en México, sigue enfrentando una crisis de seguridad compleja. La presencia del Cártel de Sinaloa y sus células operativas alimenta una espiral de violencia que se extiende a sectores vulnerables. Entre ellos, los centros de rehabilitación han sido particularmente golpeados.
Organizaciones de derechos humanos han exigido mayor supervisión de estos espacios. También reclaman protección para internos y personal, así como un plan estatal de prevención. Hasta ahora, las respuestas han sido reactivas y desarticuladas.
Las víctimas del ataque en la clínica «Shaddai» se suman a una larga lista de personas que han pagado con su vida la falta de control estatal sobre estos servicios. Mientras tanto, las familias esperan justicia y la sociedad exige garantías para quienes buscan rehacer su vida fuera del crimen.
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