La decisión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de revelar sus gastos personales para intentar demostrar que sus ingresos son legítimos terminó en una tormenta política internacional. El mandatario autorizó la difusión de sus movimientos financieros con el objetivo de frenar señalamientos de narcotráfico tras su inclusión —junto con su esposa, su hijo Nicolás Petro y su ministro del Interior— en la llamada Lista Clinton del Departamento del Tesoro de EE. UU. Sin embargo, entre los registros aparecieron compras en marcas de lujo y un pago en un table dance de Lisboa, lo que desató críticas y abrió un flanco de desgaste político que el propio Petro no previó. La polémica recordó a muchos colombianos el célebre episodio de Los Simpson en el que el abuelo Simpson es sorprendido entrando a un burlesque.
Revelación financiera que incendió el tablero político
La publicación de los gastos respondió a una presión creciente. Petro afirmó que sus cuentas, disponibles desde 2022, podían revisarse sin restricciones. Aseguró que sus ingresos provienen de su salario como presidente y de regalías por su libro, y pidió comparar esa información con su declaración de renta. La filtración del informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), elaborado antes de la designación estadounidense, detalló pagos en hoteles, restaurantes, abonos hipotecarios, compras en Zara, El Corte Inglés y Saks Fifth Avenue, además de artículos en firmas como Gucci y Prada. El documento también registró operaciones en efectivo y movimientos bancarios reportados por el sistema financiero colombiano entre 2023 y 2025.
En esa relación apareció un cargo de 209,969 pesos colombianos (aproximadamente 56 dólares actuales) realizado en mayo de 2023 en Ménage Strip Club, un centro de entretenimiento para adultos en Lisboa. La visita coincidió con una gira oficial de Petro en Portugal el 6 y 7 de mayo de ese año, tras una estancia previa en España. El monto no era alto, pero el tipo de establecimiento encendió el debate público. Críticos señalaron que un gasto personal de ese tipo, aunque legal, era incompatible con la investidura del presidente.
Medios colombianos difundieron el documento clasificado como “secreto”, que advertía sobre presuntas afectaciones a las cuentas del mandatario y justificaba la vigilancia financiera para preservar la seguridad institucional. El informe detallaba entradas y salidas de dinero, así como saldos acumulados, bajo el argumento de que la UIAF debía anticipar riesgos ante las alertas recibidas por diferentes agencias.
La divulgación generó reacciones inmediatas. Petro cuestionó a Noticias RCN, uno de los medios que amplificó el informe, y preguntó públicamente si habían encontrado “que mis gastos son superiores a mis ingresos salariales y de regalías de mi libro”. Con ello buscó insinuar que no existía evidencia sólida para sostener señalamientos de enriquecimiento ilícito.
Impacto internacional y presión tras la Lista Clinton
La inclusión del presidente colombiano en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) elevó la tensión diplomática. EE. UU. lo acusa de liderar una red de narcotráfico, un señalamiento que Petro rechaza y considera parte de una ofensiva política. La publicación de sus gastos pretendía demostrar que no tenía ingresos ocultos. Sin embargo, la atención se desplazó hacia detalles que, aunque menores en cuantía, alimentaron cuestionamientos sobre su conducta pública.
Expertos consultados en Colombia señalaron que esta crisis podría afectar la relación entre ambos países, especialmente porque Petro ya había denunciado un “nuevo escenario de guerra” en el Caribe tras los despliegues militares de EE. UU. La filtración del informe financiero reforzó la percepción de un momento delicado para la diplomacia colombiana.
En el plano interno, sectores opositores aprovecharon la controversia para insistir en que el presidente enfrenta un desgaste acelerado. Aunque la filtración no demuestra irregularidades, el debate sobre el uso de recursos durante viajes oficiales y compras en el extranjero podría impactar la narrativa del Gobierno, que afirma defender la austeridad.
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