El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en marcha una estrategia para ampliar de forma drástica los procesos de desnaturalización, es decir, el retiro de la ciudadanía a personas que la obtuvieron por naturalización. De acuerdo con un reportaje de The New York Times, las nuevas directrices internas instruyen a las oficinas de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) a enviar entre 100 y 200 casos mensuales al Departamento de Justicia durante el año fiscal 2026. La cifra representa un salto inédito frente al promedio histórico, que apenas alcanzaba una decena de casos por año. El cambio ha encendido alertas entre expertos legales y organizaciones civiles, que advierten un impacto directo en millones de ciudadanos naturalizados.
El diario neoyorquino detalla que el aumento implicaría un crecimiento de entre 12 mil y 24 mil por ciento en comparación con los registros tradicionales. Hasta ahora, la desnaturalización había sido una herramienta marginal dentro del sistema migratorio estadounidense, reservada para situaciones extremas. La nueva instrucción, sin embargo, apunta a convertirla en un mecanismo recurrente dentro de la política migratoria de la actual administración.
La desnaturalización es un proceso legal mediante el cual el Estado puede revocar la ciudadanía estadounidense cuando se comprueba que fue obtenida a través de fraude, falsedad o la omisión deliberada de información relevante durante el trámite de naturalización. En términos jurídicos, no se trata de una expulsión automática, sino de un procedimiento que debe pasar por tribunales federales y que exige pruebas documentales. No obstante, su expansión a gran escala genera inquietud por el margen de discrecionalidad que podría adquirir.
Un instrumento excepcional que busca volverse regla
Especialistas citados por The New York Times subrayan que, durante décadas, el retiro de ciudadanía se aplicó casi exclusivamente en casos de extrema gravedad. Entre ellos figuraban personas vinculadas con crímenes de guerra, violaciones masivas a derechos humanos o fraudes migratorios de gran escala. Incluso en esos escenarios, los procesos eran lentos, complejos y poco frecuentes.
Las nuevas directrices de USCIS marcan un giro. Según el reporte, las oficinas regionales deberán identificar activamente expedientes susceptibles de ser enviados al Departamento de Justicia, lo que implica una revisión más agresiva de casos antiguos. Aunque los portavoces oficiales sostienen que el objetivo es combatir el fraude migratorio, no se han hecho públicos los criterios específicos para seleccionar a las personas que enfrentarán estos procedimientos.
Este endurecimiento se inserta en una política migratoria más amplia impulsada por Trump, que incluye restricciones de viaje, suspensiones temporales de visas y mayores controles para personas provenientes de determinados países, principalmente fuera de Europa. La narrativa oficial insiste en la seguridad nacional y el respeto a la ley, pero críticos sostienen que la medida tiene un trasfondo político y simbólico.
Organizaciones defensoras de derechos civiles alertaron que la ampliación masiva de desnaturalizaciones puede generar un clima de incertidumbre jurídica. A diferencia de los residentes permanentes, los ciudadanos naturalizados gozan, en teoría, de los mismos derechos que quienes nacieron en Estados Unidos. Sin embargo, este tipo de políticas reabre el debate sobre si existe una ciudadanía de “segunda categoría”, sujeta a revisión permanente.
Miedo, incertidumbre y millones de personas en la mira
En Estados Unidos viven millones de ciudadanos naturalizados, muchos de ellos con décadas de residencia, familias consolidadas y trayectorias laborales estables. Abogados especializados en inmigración advierten que una política de revisión extensiva puede provocar temor generalizado, incluso entre quienes no incurrieron en irregularidades. La sola posibilidad de que errores administrativos antiguos sean reinterpretados como fraude genera ansiedad en comunidades enteras.
Las cifras oficiales muestran un contraste claro: cada año, cientos de miles de personas obtienen la ciudadanía estadounidense, mientras que los casos de revocación han sido históricamente mínimos. De concretarse la meta planteada por USCIS, el volumen de procesos de desnaturalización crecería de manera exponencial, alterando un equilibrio que había permanecido casi intacto por décadas.
El reportaje de The New York Times también subraya que el aumento de casos podría saturar al sistema judicial federal, además de abrir la puerta a litigios prolongados y costosos. Para los afectados, perder la ciudadanía no solo implica la pérdida de derechos políticos, sino la posibilidad de enfrentar deportación y separación familiar.
En este contexto, el plan impulsado por Trump reaviva un debate de fondo: hasta dónde puede llegar el Estado en la revisión del estatus legal de sus propios ciudadanos. Para críticos, la medida erosiona la certeza jurídica y redefine el significado de la naturalización. Para el gobierno, se trata de un paso necesario para reforzar el control migratorio.
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