La Fiscalía del Estado de Jalisco imputó nuevos cargos por desaparición cometida por particulares contra dos de los diez detenidos en septiembre de 2024 durante un operativo en el rancho Izaguirre, señalado como un centro de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La acción legal responde a los testimonios de tres víctimas que identificaron directamente a los imputados como responsables de desapariciones forzadas en la región. Las autoridades estatales informaron que las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer lo ocurrido en este lugar, donde también se han hallado indicios de actividades criminales sistemáticas.
El rancho Izaguirre, centro de exterminio y entrenamiento
El rancho, ubicado en el municipio de Teuchitlán, fue asegurado en septiembre tras una denuncia anónima. El operativo, encabezado por la Guardia Nacional y la Fiscalía estatal, permitió el rescate de dos personas secuestradas y la detención de diez sujetos. No obstante, en marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco halló restos óseos calcinados, prendas y objetos personales, reforzando las sospechas de que el sitio fue utilizado como centro de exterminio por el CJNG.
Diversos reportes señalan que el lugar funcionó también como campo de entrenamiento para actividades delictivas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido al Estado mexicano intensificar las investigaciones, aplicar procesos de identificación con base en evidencia científica y garantizar justicia para las víctimas.
Deficiencias e irregularidades en la investigación
Pese a la gravedad de los hallazgos, la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, detectó irregularidades en la investigación inicial: falta de inspección exhaustiva, omisión en la identificación de restos humanos y abandono del lugar por seis meses, lo que derivó en la pérdida de evidencia crucial.
Gertz Manero advirtió que se están evaluando responsabilidades a todos los niveles, incluyendo al ministerio público encargado del caso y a la cadena de mando institucional.
La presidenta Claudia Sheinbaum negó que los hallazgos constituyan crímenes de lesa humanidad, aunque prometió el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda. En contraste, la CIDH reiteró que el Estado mexicano debe redoblar esfuerzos para sancionar a los responsables y garantizar reparación a las víctimas.
Por su parte, familiares de desaparecidos y colectivos ciudadanos han expresado desconfianza en las instituciones, reclamando mayor transparencia, justicia y acciones contundentes. El descubrimiento en el rancho Izaguirre ha detonado indignación y renovado las exigencias de enfrentar la crisis de desapariciones en México con una estrategia integral.
Avance judicial con desafíos pendientes
La nueva imputación representa un avance judicial relevante, pero también evidencia las carencias estructurales en los procesos de investigación de desapariciones forzadas. La sociedad civil y los organismos internacionales mantienen la presión para que este caso no quede impune y se convierta en un referente de justicia en un país golpeado por la violencia y la impunidad.
En medio de la indignación, colectivos de búsqueda insisten en que solo la colaboración entre autoridades estatales, federales y organismos internacionales, junto con el acompañamiento de las víctimas, permitirá desmantelar las redes delictivas y devolver esperanza a cientos de familias que aún buscan a sus desaparecidos.
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