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    Exalcaldesa de Amanalco recibe 70 años de prisión por planear doble homicidio

    La justicia del Estado de México sentenció este martes a 70 años de prisión a María Elena ‘N’, expresidenta municipal de Amanalco, tras acreditarse que planeó el asesinato del síndico municipal Miguel Ángel Lara y de su escolta, con apoyo de integrantes de La Familia Michoacana. La resolución judicial confirma uno de los casos más graves de infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales mexiquenses y exhibe cómo las disputas internas por poder y presupuesto derivaron en un crimen político.

    El fallo fue emitido por un juez estatal a casi un año de la detención de la exalcaldesa, ocurrida en noviembre de 2024 durante el llamado Operativo Enjambre, una estrategia diseñada para desarticular redes criminales incrustadas en ayuntamientos del Estado de México. La autoridad judicial determinó que existían pruebas suficientes para responsabilizarla del doble homicidio ocurrido en enero de 2023.

    De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), María Elena ‘N’ ordenó que el síndico Miguel Ángel Lara y su escolta acudieran a una supuesta diligencia oficial en el municipio vecino de Zacazonapan. Sin embargo, el traslado formaba parte de una emboscada previamente planeada.

    Durante el trayecto, ambos funcionarios fueron atacados con armas largas. Sus cuerpos fueron localizados un día después dentro del vehículo en el que viajaban, abandonado sobre la carretera Temascaltepec–Luvianos. Las investigaciones concluyeron que el crimen no fue un hecho aislado, sino el resultado de una conspiración directa desde el interior del ayuntamiento.

    La FGJEM acreditó que el móvil del asesinato estuvo relacionado con diferencias políticas y disputas por el control del presupuesto municipal. El síndico representaba un obstáculo para los intereses de la entonces alcaldesa, en un contexto de tensiones internas y presiones externas del crimen organizado.

    Vínculos directos con La Familia Michoacana

    La investigación reveló que María Elena ‘N’ sostuvo reuniones con líderes de La Familia Michoacana para planear el homicidio y tratar otros asuntos vinculados con su administración municipal. Dicho grupo criminal, con raíces en Michoacán, mantiene presencia en el sur del Estado de México y ha sido señalado por controlar actividades ilícitas y extorsiones en varios municipios.

    Además de los encuentros, la fiscalía documentó vínculos financieros entre la exalcaldesa y esa organización criminal. Entre ellos, la entrega mensual de aproximadamente 300 mil pesos provenientes del presupuesto municipal, así como pagos adicionales relacionados con decisiones del Cabildo. Estos recursos, según las autoridades, formaban parte de acuerdos para mantener el control político y territorial del municipio.

    A pesar del doble homicidio, María Elena ‘N’ continuó en el ejercicio de sus funciones por más de un año. No fue sino hasta el 21 de noviembre de 2024 cuando agentes ministeriales, en coordinación con la Secretaría de Seguridad estatal, concretaron su detención dentro del Operativo Enjambre.

    Juez impuso pena de 70 años de prisión y reparación del daño 

    El juez no solo impuso la pena de 70 años de prisión, sino que también ordenó el pago de una reparación del daño a favor de las familias de las víctimas. La exalcaldesa deberá cubrir 207 mil 234 pesos a cada una, como parte de la sentencia.

    El caso ha generado un fuerte impacto político, al evidenciar la penetración del crimen organizado en gobiernos locales. María Elena ‘N’ llegó a la presidencia municipal de Amanalco en 2021 bajo las siglas de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, en enero de 2022, apenas un mes después de asumir el cargo, se afilió al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido con el que gobernó durante el periodo en que ocurrieron los hechos.

    La sentencia marca un precedente relevante para el combate a la corrupción y al crimen organizado en el ámbito municipal, aunque también deja al descubierto las fallas institucionales que permitieron que una funcionaria señalada por homicidio permaneciera en el cargo durante más de un año.

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