El Gobierno de México estaría preparando una nueva entrega de 40 líderes del narcotráfico a Estados Unidos, según reveló el periodista Ioan Grillo, en lo que se perfila como una segunda fase de extradiciones de alto perfil impulsadas por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Entre los nombres que figurarían en esta nueva lista destaca Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, considerado uno de los operadores financieros más relevantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con fuentes estadounidenses citadas por Grillo, este grupo de capos sería trasladado bajo la figura de “proceso de traslado extraordinario”, un mecanismo que —a diferencia de la extradición formal— no requiere el compromiso de Estados Unidos de condonar la pena de muerte, lo que abre la posibilidad de que los extraditados enfrenten dicha condena.
Un alto funcionario estadounidense explicó que el uso del término «traslado extraordinario» responde a una instrucción explícita del gobierno de Donald Trump, quien ha declarado la guerra a los cárteles mexicanos y busca que sus miembros sean tratados como organizaciones terroristas internacionales.
FGR alista cargos por terrorismo contra el narco
La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, también estaría considerando presentar sus propios cargos por terrorismo contra miembros de los cárteles en México. Esta iniciativa busca justificar jurídicamente las expulsiones directas y, al mismo tiempo, reforzar la narrativa de que las organizaciones del narcotráfico no sólo son un problema de crimen organizado, sino una amenaza a la seguridad nacional.
La medida llega en medio de presiones de Washington y negociaciones tensas sobre temas económicos, incluyendo la imposición de aranceles a productos mexicanos. Algunos analistas interpretan esta ofensiva judicial como una forma del gobierno mexicano de responder a las exigencias de Estados Unidos sin perder margen de soberanía.
Sheinbaum confirma más listas de extraditables
El pasado 1 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó públicamente que existen “más listas” de presuntos narcotraficantes que podrían ser extraditados, aunque aclaró que no se ha recibido una solicitud especial para acelerar los procesos. Desde Palacio Nacional, enfatizó que la colaboración en materia de seguridad con Estados Unidos no es nueva, y que su gobierno mantendrá esa línea de cooperación.
“Hay más listas de extradiciones y, en la medida en que se pueda colaborar, se colabora. Esto no es de ahora, es de tiempo atrás”, expresó Sheinbaum, haciendo alusión a los 29 capos ya entregados en febrero.
Las declaraciones de la presidenta coinciden con un contexto de creciente presión por parte de Donald Trump, quien busca resultados tangibles en la lucha contra el narcotráfico transnacional de cara a su segundo mandato. La administración estadounidense ha elevado el tono respecto a los cárteles mexicanos, a quienes responsabiliza por el tráfico de fentanilo, armas y personas hacia el norte.
Una estrategia de alto riesgo
La estrategia de extradiciones aceleradas podría consolidar a México como socio prioritario de Washington en seguridad, pero también ha generado críticas entre especialistas que advierten sobre la posible violación de procesos legales internos y el uso discrecional de figuras jurídicas como la Ley de Seguridad Nacional.
Con el anuncio de esta nueva fase de entregas, el Gobierno mexicano refuerza su postura colaborativa, pero también abre un debate interno sobre los límites legales, los riesgos de subordinación política y la necesidad de una política nacional de seguridad que no dependa exclusivamente de acuerdos bilaterales.
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