Las alcaldías de la Ciudad de México invierten al menos 1,850 millones de pesos en programas sociales locales, muchos de los cuales se basan en transferencias monetarias directas sin una evaluación clara sobre su efectividad. Aunque la Constitución capitalina exige coordinación para evitar la duplicidad de apoyos, en la práctica algunos programas se traslapan con los del gobierno central, lo que podría fomentar clientelas políticas.
Transferencias sin reactivar la economía local
Una revisión realizada por Expansión Política al Sistema de Información para el Bienestar Social (Sibis) reveló que 39 de los 70 programas registrados en 13 alcaldías operan con transferencias monetarias. Sin embargo, tres demarcaciones (Benito Juárez, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras) no han reportado sus programas en este sistema, a pesar de contar con ellos.
Según expertos, los programas sociales deben aliviar la vulnerabilidad y, en el caso de transferencias monetarias, también reactivar la economía. No obstante, la politóloga Cristina Heliane Rosas advierte que, al distribuirse mediante tarjetas, los recursos suelen gastarse en grandes cadenas comerciales, sin beneficiar el comercio local. “Las transferencias electrónicas llevan a que la mayoría de los recursos se gasten en tiendas de autoservicio, no en mercados o pequeños comercios”, explica.
Programas duplicados
La Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México, vigente desde julio de 2024, obliga a las alcaldías a coordinarse con el gobierno central y contar con un padrón único de beneficiarios para evitar duplicidades. No obstante, algunos programas locales se superponen con los de la administración capitalina.
Por ejemplo, Benito Juárez impulsa ‘Regreso a Clases BJ’, que otorga kits escolares a 2,245 estudiantes con un presupuesto de 2.6 millones de pesos, similar al programa ‘Apoyo de Útil y Uniformes Escolares’ del gobierno capitalino. A su vez, Gustavo A. Madero ofrece ‘Me late mi uniforme’, con un presupuesto de 104 millones de pesos para uniformes deportivos de 130,000 estudiantes.
Para Rosas, es fundamental evitar la duplicidad de programas sociales, ya que “la redundancia de apoyos fomenta clientelas políticas, en lugar de generar soluciones efectivas a los problemas sociales”.
Alcaldías con mayor gasto social
Iztapalapa y Gustavo A. Madero lideran el gasto en programas sociales en 2025, coincidiendo con su mayor asignación presupuestaria: 7,230.9 millones de pesos para Iztapalapa y 5,897.3 millones para GAM. Ambas demarcaciones han implementado iniciativas como ‘Iztapa’las Jefas’ y ‘Jefas y Jefes de Familia’, que otorgan apoyos económicos a personas cuidadoras, similar a ‘Desde la cuna’ del gobierno central.
El traslado de las obligaciones
Algunas alcaldías han diseñado programas que asignan recursos a ciudadanos para realizar labores que deberían ser cubiertas por el propio gobierno. Por ejemplo, ‘Tlalpan 24/7’ financia brigadistas para mantenimiento urbano, mientras que ‘Guardianas y Guardianes del Espacio’ en Iztacalco paga por la recuperación de espacios públicos.
De los programas basados en transferencias monetarias, al menos nueve se enfocan en personas desempleadas que realizan trabajos comunitarios sin ofrecer capacitación ni acceso a empleo formal. Gustavo A. Madero, por ejemplo, tiene ‘Enchulando GAM’ con 87.6 millones de pesos para 900 colaboradores y ‘Siervos GAM’ con 21.6 millones para 300 personas. En Cuauhtémoc, el programa ‘Chámbeale con amor’ sigue una lógica similar.
Rosas señala que este modelo puede ser problemático: “Si el Estado necesita estos servicios, debería contratar personal en lugar de disfrazarlos como programas sociales. De lo contrario, solo genera clientelas políticas sin resolver el problema de fondo: la falta de empleo formal”.
Ante la falta de indicadores claros sobre el impacto de estos programas, la experta llama al Congreso capitalino a supervisar su efectividad. “Sabemos cuánto cuestan y a quiénes benefician, pero no si cumplen su objetivo de mejorar el desarrollo social”, advierte.
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