A 21 días del redescubrimiento del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco —señalado como un centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo continúa en el centro de la polémica, debido a críticas sobre el manejo del caso. Desde Palacio Nacional, el Ejecutivo federal sostiene que se trata de una narrativa impulsada por actores de oposición para dañar su imagen.
Durante la sección “Detector de Mentiras” de La Mañanera del Pueblo, el coordinador de Infodemia, Miguel Ángel Elorza, afirmó que comentaristas, medios de comunicación y figuras opositoras han distorsionado la información con fines políticos.
“Han construido una verdad mediática sin importar los indicios jurídicos. ¿Qué buscan los políticos de oposición al hacer uso político de la tragedia y el reclamo de justicia?”, cuestionó Elorza, señalando directamente a críticos como Héctor Aguilar Camín y Carlos Loret de Mola.
Comparaciones con Ayotzinapa: “No es un crimen de Estado”
Uno de los paralelismos que ha generado mayor indignación es la comparación entre el caso Teuchitlán y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Algunos sectores en redes sociales han calificado el rancho Izaguirre como “el Ayotzinapa del gobierno de Sheinbaum”.
No obstante, Elorza y el equipo de Infodemia negaron tajantemente esa equivalencia, al argumentar que lo ocurrido en Iguala en 2014 fue un crimen de Estado, debido a la participación activa de fuerzas de seguridad y la manipulación de evidencias.
“A diferencia de Teuchitlán, Ayotzinapa fue un crimen de Estado por la participación directa de policías municipales y estatales y la creación de una verdad histórica falsa”, dijo el vocero.
Apenas este 25 de marzo, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, informó que la dependencia tomó posesión formal del rancho Izaguirre. A partir de ahora, la investigación pasará al ámbito federal, lo que podría abrir nuevas líneas en torno a posibles delitos de delincuencia organizada, trata de personas o desaparición forzada.
“No es mi talón de Aquiles”: Sheinbaum responde
En respuesta a los señalamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó el impacto de las críticas en su contra, al afirmar que no considera al caso Izaguirre como su “talón de Aquiles”.
“Sin la información suficiente, ha venido una supuesta crítica al gobierno (…) Han querido aprovechar eso para hacer una campaña contra el gobierno, ya sabemos quiénes son”, declaró el 20 de marzo.
Sheinbaum ha reiterado que su administración actuará con firmeza contra el crimen organizado, pero sin recurrir a narrativas alarmistas ni ceder a presiones políticas.
No obstante, periodistas como Lourdes Mendoza señalan que, más allá de comparaciones, tanto Ayotzinapa como Teuchitlán comparten una raíz común: la impunidad y la falta de respuestas claras para las familias de las víctimas.
“Ambos casos reflejan la impunidad del crimen organizado, la falta de respuestas del Estado y la incapacidad de las autoridades para frenar la violencia”, escribió Mendoza en su columna Sobremesa.
¿Qué sigue?
Con la investigación ya en manos de la FGR, se espera que las autoridades federales esclarezcan cuántas víctimas pasaron por el rancho Izaguirre y si, como han señalado colectivos como Guerreros Buscadores de Jalisco, el sitio fue también utilizado como centro de exterminio.
Hasta ahora, el gobierno insiste en que se trataba de un centro de adiestramiento para sicarios del CJNG, pero la presión mediática y social podría obligar a ampliar las investigaciones.
El caso sigue abierto y se ha convertido en una prueba de fuego para el naciente gobierno de Claudia Sheinbaum, que enfrenta su primer gran desafío en materia de seguridad, transparencia y derechos humanos.
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