Para millones de personas en América Latina, Estados Unidos representa la promesa de una vida mejor, lejos de la violencia, la pobreza y la represión. Sin embargo, el camino hacia el «sueño americano» se ha convertido en un escenario de alto riesgo. Así lo revela la Evaluación Anual de Amenazas 2025 elaborada por la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, que advierte sobre el aumento de crímenes cometidos contra migrantes por grupos criminales, especialmente aquellos con presencia en México.
El informe, elaborado por 16 agencias federales, detalla cómo organizaciones delictivas se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes para explotarlos laboral y sexualmente, extorsionarlos o secuestrarlos. “Algunas víctimas son obligadas a pagarle a los traficantes mediante servidumbre por deudas una vez que llegan a EE. UU.”, señala el documento.
Migrantes sometidos a trabajos forzados y condiciones inhumanas
Entre las formas de explotación más comunes, el informe identifica trabajos forzados en los sectores agrícola, pesquero, cárnico e incluso en cultivos ilegales de marihuana. Los migrantes suelen trabajar por salarios ínfimos y, en muchos casos, bajo amenaza, sin documentación o libertad de movimiento.
Las redes de tráfico también estarían implicadas en otras actividades ilícitas como tráfico de armas, drogas y estafas, lo que refuerza la preocupación de que estas estructuras criminales no sólo afectan a los migrantes, sino que también representan un riesgo para la seguridad nacional estadounidense.
Ganancias millonarias para el crimen organizado
Una investigación realizada por el Proyecto de Investigación de Políticas de la Universidad de Texas, encabezada por Stephanie Leutert, estimó en 2018 que los crímenes cometidos contra migrantes generaban al menos 134 millones de dólares anuales para las organizaciones delictivas.
El estudio clasifica estos delitos en dos categorías:
- Delitos transaccionales, donde los migrantes pagan o colaboran voluntariamente con los criminales para continuar su camino.
- Delitos predatorios, donde son víctimas sin consentimiento, como el secuestro extorsivo, la trata de personas, el robo o el abandono en condiciones peligrosas.
Entre los ingresos ilícitos más lucrativos destaca el cobro de cuotas de paso (alrededor de 400 dólares por persona), seguido por el secuestro extorsivo, que puede generar hasta 5,165 dólares por víctima.
La presión migratoria ha crecido en medio de la militarización de la frontera, la amenaza de deportaciones masivas y el endurecimiento de políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, cuya administración ha invocado leyes históricas como la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar medidas restrictivas.
Durante las primeras ocho semanas del nuevo gobierno, México ha recibido 24,413 personas deportadas, de las cuales 1,567 son de nacionalidades distintas a la mexicana.
El dilema migrante: escapar del peligro para caer en redes criminales
Pese a los riesgos, el informe subraya que la migración continuará siendo impulsada por factores estructurales como la pobreza, la violencia y la inestabilidad política en países como Venezuela, Honduras, El Salvador y Haití.
La evaluación concluye que, aunque las políticas de seguridad fronteriza podrían tener un efecto disuasivo, mientras no se combatan las causas estructurales de la migración ni se debilite la infraestructura criminal que opera en la región, miles de personas seguirán cayendo en manos del crimen organizado en su intento por alcanzar un mejor futuro.
Una crisis humanitaria que demanda respuestas multilaterales, coordinación regional y acciones firmes contra quienes lucran con la esperanza de los más vulnerables.
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