El exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, recibió un esquema de seguridad federal luego de solicitar licencia temporal a su cargo en medio de señalamientos del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. La medida fue confirmada por autoridades federales como preventiva, tras una evaluación de riesgo, y ocurre en un contexto de presión bilateral en materia de seguridad y justicia.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó el 5 de mayo que el Servicio de Protección Federal asignó escoltas al exmandatario. La decisión se tomó después de que Rocha Moya solicitara separarse del cargo el 1 de mayo, lo que implicó la pérdida de fuero constitucional y abrió la puerta a investigaciones en curso.
Asignación de seguridad y cambios en el gobierno estatal
Tras la licencia, la administración estatal quedó a cargo de la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, quien asumió funciones en un momento de alta sensibilidad política. El esquema de protección para Rocha Moya incluye elementos federales y coordinación con la Guardia Nacional, según confirmaron autoridades.
De acuerdo con García Harfuch, la medida responde a protocolos establecidos para exfuncionarios de alto perfil que enfrentan escenarios de riesgo. El funcionario subrayó que no existe una amenaza inmediata contra Rocha Moya, pero que la evaluación consideró el contexto de las acusaciones y la exposición pública del caso.
El exgobernador permanece en Sinaloa bajo resguardo, mientras continúan las indagatorias. La Secretaría de Seguridad señaló que el nivel de protección será revisado de forma constante.
Acusaciones de EE. UU. y respuesta del gobierno mexicano
El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses por presunta conspiración para el tráfico de narcóticos, posesión de armas y colaboración con el grupo conocido como “Los Chapitos”, vinculado al Cártel de Sinaloa.
Según la fiscalía en Nueva York, el exgobernador habría recibido apoyo de esta organización durante su campaña electoral en 2021 a cambio de facilitar operaciones criminales. Estas acusaciones forman parte de una investigación más amplia sobre redes de narcotráfico con impacto internacional.
Rocha Moya rechazó los señalamientos y aseguró que no existen pruebas que respalden las acusaciones. Tras solicitar licencia, pidió que las autoridades mexicanas investiguen el caso con base en el debido proceso.
Por su parte, el gobierno de México solicitó a Estados Unidos presentar evidencia concreta antes de proceder con cualquier acción judicial. La Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación para determinar la veracidad de los hechos.
Impacto político y coordinación en seguridad
El caso ocurre en un momento de tensión en la relación bilateral en materia de seguridad. Washington ha incrementado la presión para acelerar procesos contra presuntos integrantes de redes criminales, mientras México insiste en respetar los procedimientos legales internos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que cualquier acción se basará en pruebas y en el respeto a la soberanía nacional. En paralelo, el Gabinete de Seguridad reforzó su presencia en Sinaloa para garantizar continuidad en las operaciones contra el crimen organizado.
Autoridades federales sostuvieron reuniones con la gobernadora interina para coordinar estrategias de seguridad y evitar vacíos de poder en la entidad. Este despliegue busca mantener la estabilidad en una región históricamente afectada por la actividad delictiva.
Debate sobre la protección y sus implicaciones
La asignación de seguridad a Rocha Moya ha generado opiniones divididas. Algunos especialistas consideran que se trata de una medida estándar ante el nivel de exposición del caso y los riesgos asociados. Otros cuestionan el mensaje público, al tratarse de un exfuncionario señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El contexto obliga a mantener cautela. Las acusaciones se encuentran en fase de investigación y no existe una resolución judicial que determine responsabilidades. Sin embargo, el impacto político es inmediato y coloca a Sinaloa en el centro de la agenda nacional e internacional.
Rubén Rocha Moya, de 76 años, gobernó la entidad desde 2021 como militante de Morena. Su licencia temporal marca un momento clave para la estabilidad política local y para la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.
El futuro del caso dependerá de las investigaciones en curso y de la información que se intercambie entre ambos países. Mientras tanto, el exgobernador permanece bajo protección federal, en un escenario que sigue en desarrollo.
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