El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló este lunes que el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, operaba como un centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y no como un campo de exterminio, como ha sido señalado en diversas denuncias y reportajes.
Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, García Harfuch informó que las investigaciones del gabinete de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no han encontrado indicios que confirmen la existencia de hornos crematorios ni evidencia de un espacio destinado a la eliminación sistemática de personas.
“No tenemos ningún indicio de que haya sido un campo de exterminio, sino un centro de adiestramiento. La FGR continúa con la investigación, pero desde nuestras áreas de inteligencia, no hay elementos que sustenten esa versión”, afirmó el titular de la SSPC.
La declaración se basó en el testimonio de José Gregorio “N”, alias El Lastra, presunto operador del CJNG capturado el pasado 20 de marzo en la Ciudad de México. Según Harfuch, El Lastra confirmó que en el rancho se entrenaba a personas reclutadas bajo engaños, y se ejecutaba a quienes intentaban escapar o se negaban a participar.
¿Cómo operaba el reclutamiento del CJNG?
De acuerdo con el funcionario, la red criminal encabezada por El Lastra utilizaba ofertas de empleo falsas, difundidas principalmente a través de redes sociales como TikTok y Facebook, en las que se prometían salarios de entre 4 mil y 12 mil pesos semanales por puestos de “guardia de seguridad”.
Las personas interesadas eran citadas en centrales de autobuses del estado de Jalisco, donde eran recogidas y trasladadas al Rancho Izaguirre. Ya en el lugar, se les despojaba de sus pertenencias y teléfonos móviles, se les uniformaba con ropa táctica y botas militares, y comenzaba un proceso de adoctrinamiento que incluía manejo de armas y acondicionamiento físico.
“Dependiendo de las aptitudes de los reclutas, eran asignados a distintas células criminales en diferentes entidades del país”, señaló Harfuch.
El funcionario también confirmó que, según el testimonio de El Lastra, al menos una persona fue asesinada durante una primera operación realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional en el rancho, en septiembre de 2024.
¿Campo de exterminio o centro de entrenamiento?
Aunque colectivos de búsqueda, como Guerreros Buscadores de Jalisco, y familiares de personas desaparecidas han insistido en que en el rancho había fosas clandestinas y hornos crematorios, las autoridades federales sostienen que no hay pruebas concluyentes para sustentar esa narrativa.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que la investigación sea atraída por la Fiscalía General de la República (FGR) para garantizar un proceso riguroso y con base científica. “No se trata de fabricar verdades”, dijo la mandataria, en alusión a las múltiples versiones que han circulado sobre el caso.
Durante la conferencia, Sheinbaum también cuestionó directamente a Harfuch:
“¿Hay restos humanos en el predio?”, preguntó.
A lo que el secretario respondió: “La FGR lo va a determinar. Nosotros no lo tenemos confirmado, aunque en la primera operación sí hubo un cuerpo y se detuvieron a 10 personas”.
Harfuch agregó que desde septiembre de 2024 hasta la fecha, han sido detenidas 49 personas relacionadas con actividades de reclutamiento del crimen organizado, específicamente vinculadas al CJNG.
El gobierno federal ha reiterado su compromiso de desmantelar estas redes, que han utilizado plataformas digitales para captar a jóvenes en situación vulnerable y forzarlos a integrarse a organizaciones delictivas.
Reacciones encontradas
Las declaraciones de las autoridades han generado división entre colectivos de búsqueda y víctimas. Mientras las investigaciones oficiales apuntan a un centro de entrenamiento, los testimonios y hallazgos iniciales en el Rancho Izaguirre sugieren un escenario más oscuro, con posibles crímenes de lesa humanidad.
El caso permanece bajo investigación de la FGR, que deberá determinar con certeza la naturaleza de las actividades desarrolladas en el rancho, así como la identidad de las víctimas y la responsabilidad de los actores implicados.
Por lo pronto, el gobierno de Sheinbaum busca marcar distancia de versiones especulativas y avanzar hacia una verdad judicial que sea respaldada por pruebas. Sin embargo, la presión de colectivos y la opinión pública sigue creciendo, exigiendo justicia, verdad y memoria para los desaparecidos.
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