Las medidas proteccionistas y regulatorias impulsadas por el gobierno de Estados Unidos podrían impactar significativamente a la economía mexicana, afectando a 14 estados con estrechos lazos comerciales y migratorios con el país vecino. Según un análisis de Fitch Ratings, la imposición de aranceles, la designación de cárteles como terroristas y las políticas migratorias más estrictas generarían efectos adversos en sectores clave.
Estados más vulnerables a las políticas comerciales
Fitch Ratings destacó que la posible aplicación de aranceles a las exportaciones mexicanas reduciría la demanda externa y perjudicaría a entidades con fuerte vocación manufacturera como Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
A esto se suma el posible freno a la inversión extranjera directa (IED). La calificadora explicó que las restricciones fiscales y regulatorias podrían desincentivar el flujo de capital hacia México, afectando especialmente a estados como Baja California, Ciudad de México, Zacatecas, Nuevo León y Chihuahua. Aunque no se espera una salida inmediata de inversiones, las empresas podrían moderar sus planes de expansión y recortar empleos en el sector manufacturero.
Impacto del narcotráfico y el turismo
Otro punto de preocupación es la intención de Estados Unidos de clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Fitch advirtió que esta medida podría incrementar las alertas de viaje para turistas estadounidenses, lo que reduciría la afluencia de visitantes a destinos como Quintana Roo, Baja California Sur y Nayarit.
Una caída en la actividad turística afectaría los ingresos estatales y la recaudación fiscal, lo que impactaría la estabilidad económica de estas regiones. En consecuencia, los gobiernos locales podrían enfrentar dificultades para mantener sus programas de inversión y servicios públicos.
Las remesas y la economía de los estados del sur
Las restricciones migratorias y posibles deportaciones masivas representarían otro desafío para la economía mexicana. Estados como Michoacán y Zacatecas dependen en gran medida de las remesas enviadas por trabajadores en Estados Unidos, mientras que entidades con altos niveles de pobreza como Chiapas, Guerrero y Oaxaca verían afectadas sus economías locales.
Una reducción en estos envíos de dinero limitaría el consumo de las familias receptoras y disminuiría la recaudación estatal, lo que obligaría a los gobiernos a redirigir recursos hacia programas de asistencia social y generación de empleo. Además, las políticas más estrictas podrían propiciar asentamientos de migrantes en la frontera sur del país, incrementando la presión sobre la infraestructura y servicios públicos.
Fitch también alertó que las modificaciones en la política migratoria de Estados Unidos podrían derivar en la reorientación de los planes de inversión en México. Los recursos destinados a fomentar el desarrollo industrial podrían verse desviados hacia proyectos de infraestructura para atender a la población migrante retornada, así como a personas que no logren cruzar hacia Estados Unidos y queden varadas en territorio mexicano.
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